denis fernando gómez rodríguez

Por estas coordenadas geográficas se han concertado las reformas constitucionales en materia político-electoral por ahora ( las “demás” se harán “más tarde” ¿…?) entre los representantes legislativos de los tres partidos políticos con mayoría de representación, que en principio deben dar respuesta afirmativa a la rehabilitación del sistema electoral que menciono en su momento la Conferencia   Episcopal y vencer la lapidaria sentencia que el proceso de baja calidad técnica electoral observado, no permitió afirmar que las dudas del ejercicio comicial recién pasado, estuviesen esclarecidas , según el informe final de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Las reformas constitucionales necesarias para la rehabilitación pasan por: El rediseño del ente rector electoral y la división en la administración de procesos y el de la administración de justicia electoral, que para ser exacta y efectiva y completa debe reformar los artículos 303 y 316 que le dan a la Corte de Justicia

“La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) desplegada para las elecciones generales de Honduras de 2017 concluyó en su informe final que el proceso electoral observado fue de baja calidad y que, en un contexto de resultados estrechos, el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon los comicios no permitieron a la Misión tener plena certeza sobre los resultados ”. La anterior es la frase lapidaria que los observadores internacionales de la OEA plasmaron en su informe y cualquier intento de reformas electorales en el presente inmediato debe dar respuesta inmediata a esta disfuncionalidad. A la fecha, el Congreso Nacional se apresta inicialmente para la aprobación de reformas constitucionales antes de finalizar la presente legislatura y que requieren la ratificación inmediata al iniciar la siguiente. En ese propósito para la representación del partido gobernante es urgente nada más, la que corresponde