denis fernando gómez rodríguez

Recientemente la Socialdemocracia presentó una serie de observaciones al coordinador general de la llamada Alianza de Oposición, que establece las inquietudes, quejas, ¨recomendaciones¨ o ¿ “sugerencias? para que de una manera amplía y sin cortapisas, se discutan, aclaren y resuelvan para fortalecer la sostenibilidad de la misma y subsanar las inconsistencia legales para ser inscrita, en tiempo y forma; por el ente rector electoral, como tal.   Ese pliego de peticiones ¿secreto?, fue divulgado en las redes sociales por el coordinador del partido “mutado” (es producto de una disfuncionalidad genética ocasionada por el Golpe de Estado al Ejecutivo, como lo definió en su momento la Comisión de la Verdad y la Reconciliación) y como tal, ahora, uno de los dos partidos mayoritarios de oposición (en aquellos temas que escapan a la repartición proporcional igualitaria de los nombramientos de los altos cargos del Estado, en el marco del pacto de  gobernabilidad que ambos, confluyen con el

Para determinar si las elecciones en un país, son democráticas o no, las organizaciones especializadas en el tema de democracia alrededor del orbe, han desarrollado una serie de indicadores de cumplimiento que deben observarse durante la fase (1) pre- (2) durante y (3) post electoral El cumplimiento de esos indicadores, es en primera instancia una obligación del ente rector electoral, de los partidos políticos en contienda y de los propios/as candidatos/as y ojalá de los miembros de las mesas electorales receptoras, cuya disfuncionalidad universal única, causa que el árbitro electoral, administre la elección (el día D), de manera conjunta o compartida con los representantes, hombre y mujeres, propuestos por los partidos políticos. Entre otras particularidades, se consideran elecciones democráticas, las que son inclusivas, donde los ciudadanos/as están debidamente informados/as y capacitados/as para el ejercicio del sufragio. Deben ser limpias-transparentes, con el respeto al

En el país, la sensación térmica del clima político electoral nunca ha sido con tendencia a la baja, la administración de confianza al -200% (total y completa desconfianza) socava cualquier esfuerzo que el árbitro de la justa electoral, busque para generar percepción de credibilidad en su gestión electoral. Con la recolocación mediática de la denuncia   del Consejo Nacional Anticorrupción, de abrir líneas de investigación (no “aperturar”), de los procesos electorales del 2009, 2012, 2013, por presunciones de actos de corrupción, se han convertido en el catalizador de otras manifestaciones como la uno de los dos partidos mayoritarios ¿en oposición aparente? (aunque en unísono de intereses en el cumplimiento del pacto de gobernabilidad, junto con el mutado, que les permite, con el que gobierna, la repartición igualitaria-tripartita de los cargos de alto nivel público que el Congreso Nacional, debe elegir), de anticipadamente no reconocer los resultados electorales sin la empresa que tr

Para el proceso de elecciones generales del próximo domingo 26 de noviembre, se espera que los Magistrados del ente rector electoral, erigido como “árbitro imparcial” ¿…?, deben velar por el cumplimiento de los contendores/as de cada uno de los trece principios que norman el sistema político electoral y que generan la expectativa de regirse por el cumplimiento irrestricto de la ley (Robinson y Acemoglu, en el libro “ Por qué fracasan los países”, el Estado de Derecho, no implica que la ley se aplique y que se cumpla), que permita por acción, no por declaración, que la opinión pública y la ciudadanía en genral, perciban la requerida confianza y la credibilidad institucional, que por ahora se cuestiona en una proporción significativa y quizás, altamente significativa. El Tribunal Supremo Electoral, debe promover y realizar acciones concretas en la legitimidad de la vigilancia y el cumplimiento de la ley por parte de los partidos políticos y de los candidatos/as, independientemente