Del reto y la tarea de cumplir con los principios que rigen el sistema electoral

Para el proceso de elecciones generales del próximo domingo 26 de noviembre, se espera que los Magistrados del ente rector electoral, erigido como “árbitro imparcial” ¿…?, deben velar por el cumplimiento de los contendores/as de cada uno de los trece principios que norman el sistema político electoral y que generan la expectativa de regirse por el cumplimiento irrestricto de la ley (Robinson y Acemoglu, en el libro “ Por qué fracasan los países”, el Estado de Derecho, no implica que la ley se aplique y que se cumpla), que permita por acción, no por declaración, que la opinión pública y la ciudadanía en genral, perciban la requerida confianza y la credibilidad institucional, que por ahora se cuestiona en una proporción significativa y quizás, altamente significativa.

El Tribunal Supremo Electoral, debe promover y realizar acciones concretas en la legitimidad de la vigilancia y el cumplimiento de la ley por parte de los partidos políticos y de los candidatos/as, independientemente de expresiones como la de un célebre que expresó sin atisbos de pena “al Tribunal Supremo Electoral, nadie le paga las sanciones o multas”, frase lapidaria, que se cumple cada cuatro años durante los procesos primarios y generales, con la misma impunidad que el sistema actual (y originario) promueve y que por lo pronto no existen asomos de vientos de cambio.

Los principios legales que deben cumplirse y respetarse inician con garantizar la universalidad del ejercicio del sufragio y la libertad electoral. La administración electoral desde el TSE, debe ser (aunque no puede) imparcial para que la gesta en cada una de las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, sean transparentes y honestas y venzan con creces, las denuncias prematuras de fraude electoral, que los partidos de oposición (unos con vínculos no formales de poder con el que gobierna, en otros asuntos de la política y de la administración pública) proclaman como consigna de campaña, con el reclamo “per se” y catalizador de la desconfianza, por no tener un representante partidario, conculcado por los congresistas que en el 2014, eligieron a los Magistrados del ente electoral, en su última noche de funciones y bajo los efectos de una especie de alteración intestinal, que causo una serie de deposiciones legislativas que frenaron las aspiraciones de dos partidos que por su volumen de sufragios, “merecían”, por la usanza histórica, tener a su representante.

Al Tribunal Supremo Electoral, le convendrá abrir la mayor cantidad de espacios posibles para que los partidos políticos no encuentren ninguna restricción que evite el cumplimiento del principio de igualdad; el respeto a la secretividad del voto y la intransferibilidad del mismo, que desvanezcan los argumentos prematuros de fraude, los propios del proceso y los de la transmisión, divulgación y proclamación. De igual,  el cumplimiento del principio de legalidad.

Sin duda se hace y hará realizar ejercicios de rendición de cuentas a nivel de los partidos políticos, de los candidatos/as a cargos de elección popular, de las organizaciones civiles en calidad de observadores y de auditores sociales y por supuesto, de la población en general.

En el proceso general, los principios de buena fe, de debido proceso, de proceso de oficio y equidad se deben convertir en condición “sine qua non” para que la percepción pública pase de la actual desconfianza y la falta de credibilidad a mejores calificaciones y percepciones públicas.

 

El reto para el Tribunal Supremo Electoral, es que sea un árbitro creíble-confiable en la dirección del proceso comicial de acuerdo a los indicadores internacionales de elecciones democráticas.

La tarea, es que sea un juez justo que promueve y asegure elecciones LIMPIAS, TRANSPARENTES y respeten la voluntad de las mayorías, a pesar que no se logren evitar los cambios de domicilio irregulares, el tráfico con las tarjetas de identidad, que los partidos políticos estén representados en las mesas electorales, el mercado persa que representan las credenciales en blanco y que los/as candidatos/as que no ganen, no tengan objeción alguna porque no ganaron y que entonces perdieron, porque les hicieron fraude. Las disfuncionalidades anteriores no tienen ideología.

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Junio 7, de 2017