¿coartada?

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra coartada, en una de sus acepciones como pretexto/disculpa.

Desde la firma del Convenio para dar vida a la Misión de apoyo contra la corrupción y la Impunidad en Honduras, el Congreso Nacional de la República ha funcionado como una especie de sistema inmunológico del histórico y sistematizado sistema de corrupción e impunidad.

Por un lado el gobierno obligado, más que convencido; por la presión social que ejercicio el movimiento ciudadano, estableció un acuerdo modificado con la OEA para establecer ese tipo de figura como ortesis al cuasi-inexistente o deficiente sistema judicial (de igual colapsado e infiltrado, pero todavía no depurado) en su lucha contra esos binomio de flagelos conocidos como corrupción e impunidad.

Desde entonces el Congreso Nacional he venido socavando la supuesta lucha del ejecutivo, al aprobar en contubernio toda una serie de leyes que minan la eficacia de ese nuevo antisistema, al grado que en la últimos días evocando el artículo 205 constitucional en relación a sus atribuciones como la contenida en el numeral 21, que entre otros detalles le faculta para “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional” y el numeral 30, que les faculta para “aprobar o improbar los tratados internacionales que el poder Ejecutivo haya celebrado”; se han dado a la tarea de establecer un mecanismo “prestidigitado” de evaluación de la MACCIH, en mi juicio personal como una coartada, que le sirva de pretexto o disculpa al Ejecutivo, para no hacer el intercambio de notas que extienda la vigencia de tal misión.

Para los diputados oficialistas el extenuante, pero eficiente y eficaz trabajo realizado, ha consultado con la toda la institucionalidad y del informe sorprende la prontitud en como lo han construido, al grado que parece más un conjunto de “bloques de lego”, donde sus piezas solamente fueron ordenadas como lo dejo entrever el diputado que co-gobierna, bajo quien cayó la responsabilidad de tan “ejemplar” tarea; al grado de dejar la impresión que si la misma diligencia existiese para otros convenios, contrato y leyes, seguramente estaríamos dejando la opacidad, las ganancias ulteriores y todos aquellos espectros fantasmales que provocan las acciones del sistema inmunológico legislativo en sus pretensiones de burlar la ley, en el cumplimiento irrestricto del dicho aquel de que quien hace la ley, también hace la trampa.

Lo anterior se ha venido agravando porque quienes gobiernan han sido salpicados en actos de corrupción, que bajo el ineficaz sistema histórico fueron y han sido  “invisibilizados” por la ascendencia y pertenencia política, pero que bajo el nuevo circuito anticorrupción, hoy son más visibles y por lo tanto públicos. Una teoría indica que los legisladores nacionalistas y quienes les hacen coro, se sienten perseguidos, porque los casos de otras personalidades libres (que transportaron valores en carretillas, que dilapidaron los mismo y olvidaron después) y otros liberales permanecen en modo invisible, al parecer..

Los actos delincuenciales los de ayer y los actos delincuenciales de hoy, son deleznables siempre, porque la corrupción y la impunidad por acá, no tiene ideología, basta revisar el recuento de 100 años de corrupción e impunidad que el Consejo Nacional Anticorrupción ha publicado y se sorprenderá del latrocinio histórico del erario, aún con la participación de aquellos reformistas que pretenden reclamar su inmersión en el Ganges, se queda en el reclamo, nada más.

La evaluación legislativa de la MACCIH que se resume en la no recomendación para que el Ejecutivo renueve el convenio, parece una coartada, para que la persona continuista que gobierna, se excuse para cerrar el archivo de tal misión.

Los legisladores oficialistas y sus rémoras satisfechos con el informe apresuraron el paso, como pocas ocasiones y aun cuando no sea vinculante, sea eventualmente vinculado y persuada al responsable del intercambio de notas.

En contraposición al Poder Legislativo ¿independiente?, la comisión bipartita del gobierno y la Organización de Estados Americanos recomienda que se renueve bajo revisión de criterios; lo cual pone en evidencia que las atribuciones que eventualmente los legisladores pueden ejercer, sean más que evidentes de la intencionalidad manifiesta por minar la tal lucha contra la corrupción y la impunidad, que el ejecutivo ha “enarbolado”, más como ficción, que como realidad.

Al cierre de la semana laboral legislativa, un diputado suplente lanzó un segundo atentado para que el Congreso Nacional derogue el decreto legislativo que dio vida al mencionado convenio. La resolución del mismo será hasta que los fatigados congresistas se reincorpores de las vacaciones de Navidad y Fin de Año y sin duda, que con las energías recuperadas intentaran una especie de eutanasia al convenio que nunca firmaron por convicción, solamente por obligación y por el cual ahora se pretenden “sacar los ojos” (como en Fábula de Jorge Luis Oviedo)

Esperemos que antes de esa siguiente escala contra la corrupción y la impunidad, los interesados se enreden en sus propios subterfugios y quien firma, firme no por convicción, pero si por presión interna e internacional y por lo tanto, por obligación.

Emulando el estribillo oficialista de aquel entonces  “de cuatro años más para la MACCIH por una sola vez …”

Sin olvidar que si lo escrito no es real, es ficción; pero que si no es ficción, es REAL

Denis Fernando Gómez Rodríguez

5 de diciembre de 2019

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