Valoraciones de las elecciones primarias 2017

Asistí en calidad de invitado para exponer mis apreciaciones personales del tema al evento que patrocinó la Universidad Metropolitana de Honduras y la Asociación Libertad y Democracia (en su versión “recargada”, considerando que los años pasado, para estas fechas estaba “cerrando” operaciones ¿…?)

Sin duda, acepté participar, considerando oportuno, interesante y propicio que la academia se ocupará de abrir su espacio para que los jóvenes universitarios de esa casa de estudios y de otras universidades, sean persuadidos para que se interesen en los temas electorales, de manera particular y de los democráticos, en general como antídoto a los resultados de los estudios internacionales que mencionan el creciente desencanto de la juventud con la democracia y de la “tendencia” de este sector poblacional en tener “simpatías” para los golpes de estado y el gobierno de los militares como un síntoma preocupante de tal desafección.

Los procesos electorales primarios y generales, su celebración, no son sinónimos absolutos de democracia. En ese sentido las actividades preelectorales, electorales y poselectorales, fueron gestionadas desde el ente rector electoral (definido constitucionalmente y refrendado en la ley electoral), con la normalidad esperada. Lo anterior, a pesar de que el sistema electoral hondureño adolece de una disfuncionalidad única a nivel del Continente y por lo visto, mundial, que consiste en que el día de la elección administra el proceso con los partidos políticos (se convierten en juez y parte) y esto, es un factor altamente restrictivo que provoca alteraciones desde la instalación de la mesa electoral receptora de votos, el conteo de los votos, el registro de los mismos en las actas de cierre y su transmisión y divulgación, que originan denuncias de fraude y que desde siempre, como ocurre en todos los países del mundo, no tienen ideología.

Desde la instalación de las mesas electorales y durante el transcurso de la jornada electoral, los observadores nacionales e internacionales constataron el cumplimiento de los indicadores internacionales de elecciones democráticas. La jornada transcurrió normalmente como una alta demostración de civismo; no se registraron actos de violencia electoral y al cierre de la actividad, las personas militantes de los tres partidos políticos y sus simpatizantes no tuvieron inconvenientes que restringieran su movilidad de ida-vuelta y el ejercicio del sufragio como derecho político. El cronograma electoral se cumplió en tiempo y debida forma con la declaratoria de elecciones.

Fue de igual manera, importante el proyecto piloto de observación electoral especializada que el Tribunal Supremo Electoral, desarrolló con la Red de mujeres de los pueblos indígenas y las Federaciones de las organizaciones de y para personas con discapacidad, donde la evaluación del proceso se concentró en la participación de las personas integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad que atiende y dirige el ente rector electoral, con la asistencia y la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su adscrito Centro Asesor para Elecciones (CAPEL). Los resultados de la observación especializada serán la base de las acciones que a partir de mayo entrante se deben orientar para mayor cobertura en las elecciones generales de noviembre y que su fin último sea la propuesta de políticas pública que confirmen que en la temática política electoral, la inclusión es un derechos y no debe continuar siendo postergado por los gobiernos de turno y los partidos políticos.

En las prácticas inveteradas que restan al fortalecimiento del proceso electoral hondureño y como malas costumbre inveteradas que no tienen ideología, aparecen: el trámite y la distribución de las tarjetas de identidad por los partidos políticos, como una función “degenerada/distorsionada” que se convierte en no pocos momento en la retención de las mismas y por tanto, delitos electorales que por ayer, hoy y mañana, no se avizoran las sanciones delictivas que idealmente, deberían aplicarse (en condiciones ideales, donde el respeto a la ley, es un “activo” y la aplicación de las mismas son inclusivas y no tienen ideología).

De igual manera, sin asomo de interés político por hacer o contrario, las credenciales de los miembros de las mesas electorales, sin nombre-apellidos y sin fotografía, como insumo principal de una especie de “mercado persa”, en su versión criolla. Con organizaciones sociales que en su mayoría han sido “secuestradas” por el partido de gobierno y las pocas y contadas que tienen todavía “cierta asepsia”, sin la capacidad de articular cinco pasos inmediatos, que les sitúa en los probables escenarios que un estudio patrocinado por ALD, definió que para el 2022: “las organizaciones sociales estarían observando y aplaudiendo”, lamentable, pero hoy cierto, real y triste para el cumplimiento de la veeduría/auditoría social que los partidos políticos proclaman, pero también niegan.

En el tema de los costos de mantenimiento de la democracia ¿o de los procesos comiciales?, se estima el valor de L.800,000.00 (ochocientos millones de Lempiras), sin contar los valores otorgados al Registro Nacional de las Personas, que distribuidos en “voz alta”, entre 14 movimientos internos de tres partidos políticos que participaron, reflejan un aproximado de L.57,142,000.00 (más de cincuenta y siete millones de Lempiras) que cuando los movimientos internos no alcanzar a nivel presidencial, el mínimo de votos que sea igual, al número de firmas que presentaron al momento de la inscripción como tal (en el partido Nacional, una corriente, en el partido Liberal, de igual una y en el Partido Libertad y Refundación dos, aunque en mi criterio particular, de las siete corrientes en consenso (novedad electoral), más de la mitad de “dudosa” conformación) . Lo anterior de acuerdo a la teoría financiera pasa de ser “costo de mantenimiento” a “gasto” si excusa y sin resultado para el proceso comicial y la democracia.

En el tema de las reformas electorales, la judicialización de la reelección presidencial, aceptada sin ninguna restricción y como “moneda de cambio” ¿…? por un partido “nuevo, pero viejo” y por el resto de los que se alojan en la llamada oposición); la ampliación de los “representantes” de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (sino por ley, por el cumplimiento del adagio aquel de que si camina, grazna y deposiciona como pato, ¿qué es?), con la incertidumbre que por ser reforma constitucional debe ser ratificada (lo que es posible, pero no tan probable ¿…?) y condicionada por la oposición de que si quieren el nombramiento de los tres comisionados en la llamada por la cooperación internacional “Ley de política limpia” (¿33.33% de distribución política vigente en el Tribunal Superior de Cuentas), deben ratificar en nombramiento de los Magistrados/as de LIBRE, PAC y ¿del PINU?... o de ¿VAMOS?, para ponerle la cereza al pastel que significó la creación del mismo con el auspicio del partido gobernante y su respectiva inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, que los partidos políticos para tal efecto y del repartimiento de la deuda política RECONOCEN y en otros temas, como el de las elecciones internas y primarias, DESCONOCEN.

Por lo pronto, existen otros proyectos de reformas al interno del Congreso Nacional, con el común denominador (como en matemáticas) que ninguna busca fortalecer el proceso comicial y el cumplimiento de la sentencia que menciona que “las reformas electorales deben ser creíbles, para ser estables y estables, para ser creíbles”. Lo que importa es el menú de cada partido político o del Ejecutivo (en su proyecto reeleccionista por una sola vez, como en Estados Unidos). De otras necesidades como ciudadanizar la mesa, no se oye hoy y de repente tampoco mañana.

En el apartado de las lecciones aprendidas, coincido con el Doctor Gaspar Vallecillo, en su término de “anosognosia política… y electoral”, agrego yo. Lo anterior entendiendo que la práctica política de los movimientos internos en las elecciones del 2017, no logran distanciarse de las practicadas el 2012. En las lecciones por aprender, las recurrentes de cada cuatro años como las credenciales y quiénes deben conformar las MER. Dentro de las lecciones “no aprendidas”, el incumplimiento del compromiso de garantías mínimas del 2013, con el auspicio de la cooperación internacional, sigue siendo un mal ejemplo y además, inmutable.

La academia tiene la posibilidad de continuar sus esfuerzos de acompañamiento al proceso electoral general, con la práctica consecuente de valores democráticos, en un sentido estricto de pluralidad e inclusión que obligue a que los partidos políticos (el que gobierna y los demás) y el ente rector electoral cumplan con la transparencia que se reclama sino por convicción, por obligación. De lo anterior, no son ajenos los medios de comunicación social y el cumplimiento del reto aquel “que si no informan, desinforman”.

Como dicen don Justo y su equipo “juego limpio”, ¡Las decisiones democráticas son las mejores! 

Denis Fernando Gómez Rodríguez

23 de abril

Santa Lucía, Francisco Morazán