Del espacio cívico

De acuerdo con las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, el espacio cívico “es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones”.

 La condición ideal e indispensable del espacio cívico es la de ser abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación.

El día de ayer la organización civil que busca una sociedad más justa desarrollo un evento para presentar los resultados de país en el tema y su implicación en tres áreas: (1) Las libertades y su cumplimiento o no, en la libertad de pensamiento, de reunión y de asociación; (2) El estado de derecho y (3) el proceso electoral. El complemento de la presentación contó con la participación de tres especialistas relacionados con libertad de expresión y lucha contra la corrupción quienes comentaron del efecto de contar con una condición de espacio cívico como la descrita a continuación.

Sobre las libertades, el resultado determina que en el País, estamos “gozando” de un espacio cívico reprimido, donde apenas estamos arriba de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, como una constante de agrupación o bloque que compartimos en la mayoría de las mediciones internacionales que se han divulgado desde la administración del estado anterior y la actual y vigente.

 La calificación de CIVICUS, una organización internacional dedicada al fortalecimiento de la sociedad civil y de la acción ciudadana por el mundo”, indica que el país se califica en ,  posición 77 de 109 países evaluados y con un 0.45%/de 1%, en la condición de contar con un ambiente habilitante, traducido como el entorno jurídico regulatorio y político donde se deben desempeñar las organizaciones civiles.

De igual, se presentó el dato que publica Reporteros sin fronteras (Global Score 2024), donde la libertad de prensa ha descendido a 32.6% y adicionalmente, “Freedom House” nos califica como un país parcialmente libre (pero no partidariamente), donde somos expuestos desde un tiempo considerable ya, a un estado de excepción sin resultados contundentes y denunciado como violatorio, donde las muertes de personas integrantes de la diversidad sexual se han aumentado en un 12% y la de mujeres ha aumentado en 23%, gozando de la impunidad inveterada que nos ocupa y preocupa, pero que el sistema independientemente de la ideología se niega a resolver por omisión perniciosa (con premeditación, alevosía y ventaja) como disfuncionalidad estatal.

Los comentarios de las personas panelistas identificaron la intolerancia política a través de la descalificación, extremo que se exacerba en los últimos años con el comportamiento autoritario de quienes nos desgobernaron y también, de quienes el hartazgo ciudadano les entrego comicialmente la administración del estado y en su “intento” a la fecha, también nos desgobiernan, lamentablemente.

En ese ambiente hostil, se mencionó que desde la administración pública se emiten mensajes de odio y listo a un grupo de funcionarios actuales que se encargan de la respuesta inmediata ante cualquier criterio público que se emita y que no vaya en concordancia de sus intereses partidarios-partidistas-sectarios como criterio de aceptación. Para tal efecto, la forma moderna de hacer o intentar hacer gestión pública involucra las “granjas digitales” de respuesta y de ataque con “bots” y demás herramientas que el crecimiento de la inteligencia digital permite.

 Acerca del Estado de Derecho, mi criterio es que tenemos nuestra versión criolla de los “caminos torcidos del derecho”, condición de la cual, no podemos, ni debemos presumir.

Para “World Justicie Project” y su informe del 2023, no hemos gozado de ninguna mejoría en la condición del estado de derecho, manteniendo esas bajas calificaciones que los funcionarios actuales “desacreditan”, “minimizan” y “condenan” dentro de la moral de situación como factor de opinión oficial, “lo que ayer fue bueno, hoy es malo y viceversa”.

La usencia de justicia que no tenga ideología sigue siendo una deuda de estado y en el peor de los escenarios, nos encontramos con la completa ausencia de justicia histórica. En materia anticorrupción, la organización civil especializada en el tema ha presentado 150 líneas de investigación de las cuales apenas 17 han sido judicializadas (apenas el 11.33%), como ejemplo de la inoperancia por la “agenesia” (malformación genética)  particular del sistema,

Entre los comentarios se mencionó la inefectividad del mecanismo de protección y el consecuente abuso por discrecionalidad de su aplicación como síntoma de la “agenesia” propia de la justicia y su aplicación nacional que requiere en ciertos temas como el narcotráfico, que sean otros gobiernos los que ejerzan la justicia.

¿Quién pone los límites? Se preguntó, haciendo énfasis en la necesidad de combatir la desinformación como amenaza flagrante al espacio cívico y la urgente necesidad de alfabetizar digitalmente a la población por contrarrestar la ausencia de mensajes oportunos, propicios y pertinentes dentro de la liberta de expresión y de pensamiento que pueden consentir o disentir con la oficialidad del gobierno que en ese momento turne.

Acerca del proceso electoral, el dato presentado durante la exposición indica que en la elección del 2021, el 30% de los fondos de financiamiento de campañas y propagandas políticas, alrededor de 262,625,212.74 Lempiras, no tienen ningún “rastro” de su origen, sirve para reforzar la idea que la ley de política limpia debe ser revisada y actualizada para evitar nuevas sorpresas en el proceso primario y general del 2025.  De igual manera, los sujetos obligados a hacer cumplir la ley deben cumplir con su responsabilidad independientemente del partido que representan y los sujetos obligados (partidos políticos y personas candidatos-as a cargo de elección popular) deben acatar sin restricción o excusa alguna, porque de 3260 candidatos, solo observaron la ley 1619 (49%) y no existió, al menos evidencia registral, de ninguna sanción de las que establece la ley vigente.

Los comentarios se orientaron a mejorar los mecanismos de comunicación para motivar, movilizar y mejorar la participación ciudadana en el proceso comicial primario y general; asegurar la participación de los grupos subrepresentados y lograr la articulación-de momento un tema lejano- para hacer no solamente una observación de los dos eventos, sino también tener la condición y la oportunidad de auditarlos para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

De igual, se hizo el comentario de la pregunta que se repite en los últimos años ¿vamos a tener elecciones? El Consejo Nacional Electoral ha publicado el presupuesto que requiere, el ejecutivo presentarse en septiembre 2024. Este evento es el primer “indicador tumoral” de las intenciones a favor o en contra del indicador de elecciones democráticas de ser periódicas.

Los indicadores internacionales no son los deseables a nivel general y en el caso particular de la necesidad del espacio cívico habilitante se deben hacer los correctivos, lejos de la ideologización e instrumentalización de la derecha, de la izquierda o del espectro existente entre ambos extremos. El país es solamente uno y no le pertenece a partido político alguno

sea centenario, “mutado”, de mediana edad, nuevos (neonatos o mortinatos); tampoco son los predios personales de tres o más conciudadanos quienes fácticamente intentan “construir”, pero en realidad destruyen desde ya tiempos el estado y ese afán, profundizan las honduras de los caminos torcidos del estado de derecho que nos ocupan… y preocupan.

 Sin olvidar que si no es real, es ficción.

Al cierre: “En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres”. Suetonio. Historiador romano.

 

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Honduras-Centro América

12 de junio de 2024

 

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