de la administración pública

 Por estas latitudes y altitudes geográficas no somos ajenos a los resultados que la administración pública del Estado genera a nivel del ansiado, pero lejano, bienestar económico y social al que se refiere el artículo 1 de la Constitución de la República.

 La economía es ciencia, la administración no, pero es muy importante para la creación y captura de valor a nivel de la gestión pública, como de la privada.

 A criterio personal, la administración pública es la antítesis de la teoría administrativa porque se realiza en una práctica contraria, identificada por un alto contenido de práctica política partidaria-partidista y sectaria, donde cada 4 años debe cambiar (por razones de cambio de gobierno). La práctica se viste con el ropaje y lenguaje técnico, pero su práctica es ajena a los principios académicos, lamentablemente.

Con el cambio cuatrianual, la disputa de quién lo hizo peor suele, en sentido figurado llegar al empate y generar el “irse a los penales”, como la gestión del gobierno anterior y la gestión del gobierno actual.

Entonces, la administración pública deja de seguir los principios de siempre y se suplantan por los principios de la práctica política donde la ética se encuentra en permanente ausencia y le acompaña la probidad. Tales condiciones se convierten en condiciones restrictivas para que el país logre trascender de la sola declaración de bienestar económico y social, a la realidad que se erige como deuda histórica que no tiene ideología.

Los resultados de la administración pública por acá, nos producen dos casos emblemáticos, ente otros:

El caso de Hondutel (1), la empresa estatal de telefonía, y la empresa de energía eléctrica ENEE (2). La coyuntura vigente se concentra en el “rescate de la estatal eléctrica”, donde, como norma y no excepción, se discuten los pros y los contras, los que están a favor y los que están en contra; los que quieren que siga siendo de “todos” y los que quieren que sea de pocos.

En la administración de ambas estatales y las condiciones de quiebra que datan de varias décadas, se han hecho esfuerzos infructuosos que parecen ir orientados a condiciones sinuosas y menos al cumplimiento de acciones que se revistan de probidad en contraposición al saqueo histórico de las mismas.

Entonces, por estas coordenadas, la administración pública se convierte en un mecanismo de empleo de personas afines al partido de gobierno, que ahora se niegan a aceptar la duración de los 4 años de gobierno y aspiran a perpetuarse como un derecho irrenunciable, sin generar valor y menos captarlo.

Con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los temores de siempre con los intentos de privatización de la estatal (fantasmas que aplican a la educación, la salud y otros temas de siempre) y la discusión y reclamo de quienes dicen querer conservar lo público, sin un ápice de cambio que contemple la probidad de la administración pública, su inocuidad y su asepsia.

Similares condiciones se dan con la empresa de telecomunicaciones, donde ningún partido político que desgobierna quiere “ponerle las tablas” por el eventual costo político y alargando la crónica bancarrota, causada por el abuso y el saqueo de quienes tuvieron a cargo su administración, entre militares y civiles y dilapidaron sus recursos (como norma y no como excepción en la administración pública) en una completa ausencia de probidad, de control y de sanción que se traduce en una impunidad-impune, en un sistema de justicia diseñado para que pase poco, pero con el mejor escenario que no pase nada.

En definitiva, la administración pública por acá, sigue el mismo trayecto de siempre, donde las empresas estatales y los efectos de su quiebra financiera la cubren los impuestos de las personas que tributan y los beneficios del saqueo de siempre, se convierten en los activos de unos pocos, de unos cuantos, sin importar la ideología que pregonan.

Con la pretendida reforma a  la ley de sector eléctrico y su pretensión de cambios en la estructura de la ENEE, esperamos que los diputados sean consecuentes con el principio de publicación como eje de la transparencia (por cierto, ausente muy frecuente en la práctica política legislativa) y busquen la mejor estrategia para que la generación de energía eléctrica deje de ser un bien suntuario para la mayoría de la población y además, deje de ser un bien “subsidiado” a los que gobernaron, a sus familiares inmediatos y a quienes, teniendo deudas de siempre, como algunas personas con industrias, no pagan o peor, se les condona.

 

Cuando se logre adecentar la administración pública, estaremos más cerca de trascender de la acción declarativa constitucional del bienestar económico y social a la concreción del mismo, que por lo pronto sigue siendo deuda pública de Estado

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Al cierre

“Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disciernen y el tercero no entiende ni discierne lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”. Maquiavelo

 

 

 

 

 

 

 

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Honduras-Centro América

18 de junio de 2026

 

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