"de medias verdades y..."

En el país donde vivo, el Estado se gestiona desde su fundación, en la disfuncionalidad histórica de la legalidad versus la ilegalidad, que además no tiene ideología y entiendo, que no es el único, otros tienen mayor, igual menor incidencia de esta triste realidad.

En el área política-electoral, existen dos partidos políticos con edades centenarias, denominados mayoritarios; tres partidos políticos de mediana edad, que al no crecer electoralmente son minoritarios y después del Golpe de Estado al Ejecutivo, como lo denomino técnicamente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuatro partidos nuevos (dos de ellos con un significativo caudal electoral obtenido en las elecciones generales 2013 y dos que no cumplieron, de acuerdo a la Ley Electoral, con los requisitos mínimos para mantenerse como partidos, pero reinscritos por un ámparo a favor que la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, les otorgó).

Las elecciones primarias del 2012, se caracterizaron, entre otros detalles, porque en uno de los tres partidos políticos, el nivel presidencial no tenía competencia (una de las características de las elecciones democráticas es que exista competencia en igualdad de condiciones), sin embargo el ente rector electoral, realizó la respectiva, transmisión de resultados, a un costo aproximado de 40 millones de Lempiras. Lo anterior, debido a que el Gobierno de turno ¿no pudo, no supo o no quiso? definir los techos de la reparación por el golpe.

El 2016, ese mismo partido, asistió a elecciones internas con igual “diseño electoral”, con la particularidad que en esta ocasión a nivel de la coordinación general: Hoy en el 2017, recién se repitió una elección interna, de uno de los nuevos partidos con igual característica de ausencia real de competencia. Lo anterior, después de la rebeldía del fundador del mismo, ante las disposiciones del ente rector electoral y del supuesto “apego” a la ley de la ahora presidenta del partido, quien al final de la jornada comicial registró una participación marginal, de acuerdo a los registros mediáticos y que independiente del monto verdadero de lo “gastado” ¿…?, pone en juicio de duda la justificación de la realización de la mismas.

En esta temática, como en otras, gobiernan “las verdades y …” , con la condición de esta práctica inveterada no tiene ideología y con la curiosidad de que desde hace un buen tiempo, ninguna institución estatal, partido político o persona, en el poder o en el ostracismo, está realmente interesada  en cambiar esa matriz de conducta. Por ahora, es cuestión de oportunidades y de sacar ventaja cuando se pueda.

En noviembre 26, el país acudirá a elecciones generales, con las mismas incertidumbres de siempre (¿el censo es real?, ¿votan las personas muertas? ¿se “matan, las personas vivas?, ¿las tarjetas de identidad seguirán siendo botín de los partidos políticos con “representación” en el Registro Nacional de las Personas?, ¿las credenciales de las personas que estarán en las mesas, se entregarán en blanco?, ¿los miembros de las mesas serán de los 10 partidos en contienda, o de cuatro, tres, dos o uno?, entre otras disfuncionalidades vigentes del sistema electoral.

Adicionalmente, la escasa credibilidad  y confianza del ente rector electoral, que a juicio de los partidos de oposición en alianza, puede ser medianamente remediada, con la ratificación  de la reforma constitucional del artículo 51, que les concede el nombramiento de un “representante", en calidad de Magistrado/a, para evitar el fraude electoral que el partido gobernante ha montado con el contubernio de la institucionalidad electoral, como mencionan a la saciedad los partidos fuera del ente. Del asunto, el rumor de la calle es “que si no hay ratificación de la reforma constitucional, no habrá nombramiento de los tres Comisionados/as que administrarán la llamada, por la cooperación internacional, Ley de Política Limpia”, lo cual, deja dudas porque uno de los partidos en la alianza de oposición ha tomado cupo en el pacto de gobernabilidad (tienen ya, un representante en el Tribunal Superior de Cuentas) y difícilmente obvien tomar la oportunidad que la negociación política les confiere y que eventualmente significa un cupo de tres comisionados/as que rectoraran técnicamente la aplicación de tal normativa (es la esperanza o el “espíritu del legislador, como suele decirse).

De momento se avizora un proceso electoral complicado, que si no se gestiona con la mayor transparencia y participación en igualdad de oportunidades ¿placebo?, podría generar actos de violencia electoral. El Tribunal Supremo Electoral, tendrá un Consejo Consultivo (artículos 41 y 42 de la Ley electoral, conformado por los partidos políticos y las candidaturas independientes) convulsivo, y debe aplicar la mayor sapiencia para que el escepticismo de la administración electoral no sea la regla, sino la excepción.

Sin duda, el procedimiento utilizado para “validar” la reelección por una sola vez, como en Estados Unidos, como reza la consigna partidaria oficialista, se constituye en un elemento que reaviva la polarización de la sociedad desde el 2009 y que por aclamación del propio partido, negociada en contubernio con otros otros y con la resignación de pocos, ya sentenciada.

Las consignas de algunas de las personas contrarias a la “violación” de la Constitución de la República (algunas, violadoras en otro momento de la historia), no cejan en mencionar que los delitos de traición a la patria no proscriben, sin embargo, desde la fundación del Estado y hasta la fecha, día y hora de este escrito, ninguna persona ha sido sentenciada, menos penada por la sistematizada violación de la Constitución, que no tiene ideología .

Para Robinson y Acemoglu, en su libro “Por qué fracasan los países”: Estado de Derecho no es sinónimo de aplicación de la Ley. Sin duda alguna, la expresión trillada: “ninguna autoridad/nadie, está por encima de la ley, seguirá siendo mero placebo, porque ante la espera de que “excepciones aplican”, la mayoría de los "intermediarios civiles", ante la vista y paciencia solamente observan y aplauden.

De todo lo que se diga, escriba o haga, en el ámbito político-electoral será siempre, ¿por definición? ¿o por conducta histórica?: “medias verdades y…”; por supuesto se espera, como en el idioma, se aplique aquella frase que "las excepciones confirman la regla".

Como en docencia, "El maestro enseña lo que sabe, pero solamente reproduce, lo que él, es" ¿...?

Denis Fernando Gómez Rodríguez

23 de mayo de 2017