de “redes”, de “líneas”… ¿y de “terminales”?

Por estas latitudes existe el Consejo Nacional Anticorrupción (por sus siglas CNA) creado  considerando que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas de cualquier Estado de derecho y que ésta atenta contra la convivencia social, el orden moral y la justicia”. En ese momento su objetivo fue y de repente sigue siendo, “apoyar” al Gobierno y la Sociedad Civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoria social, como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción.

La ley del 2005 que consta de 16 artículos, define entre otras consideraciones que la democracia requiere sólidas bases de transparencia y responsabilidad social, para atacar de frente el flagelo de la corrupción en todos los niveles.

El CNA está concebido como un organismo independiente, con personalidad jurídica con vigencia indefinida, patrimonio propio y con jurisdicción en toda la República. Para apoyar las políticas y acciones que el Gobierno emprenda en el combate contra la corrupción, con acceso directo ¿irrestricto? en los asuntos de su competencia a los principales de los poderes del Estado, sus funcionario y  empleados.

La asamblea general la integran estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes organizaciones civiles siguientes: (1) Arzobispado de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; (2) Confraternidad Evangélica de Honduras; (3) Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); (4) Consejo de Rectores de las Universidades legalmente reconocidas; (5) Confederaciones de Trabajadores legalmente reconocidos; (6) Asociaciones de Campesinos legalmente reconocidas; (7) Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras; (8) Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras; (9) Asociación Nacional de Empleados Públicos; (10) Asociación de Municipios de Honduras (AMHON); (11) Foro Nacional de Convergencia (FONAC); y (12) Asociación de Medios de Comunicación. Todas con la “presunción” de independencia del ejecutivo (condición muy cuestionada en la mayoría de las mismas a partir del 2010 y con gran precariedad de “asepsia” política oficialista a la fecha que les sitúa con escasa o ninguna inocuidad en el cumplimiento de su mandato original).

Los representantes son nombrados por dos años y pueden ser reelectos. Como “curiosidad” ¿” protección-salvaguarda” ?, los legisladores establecen en la ley que el Presidente de la República puede nombrar dos integrantes a personas de reconocida buena reputación, que no formen parte del Gobierno (y entonces por ser afines a su merced y su gestión y “eventualmente”, actúen como contrapeso ¿…?). El Comité ejecutivo lo conforman tres personas quienes dirigen y “apoyan” las acciones de seguimiento y vigilancia de las políticas y estrategias aprobadas que debe dar cumplimiento la denominada unidad ejecutora (en las actuales circunstancias con mayor incertidumbre y en las anteriores administraciones a la actual, desapercibidas).

El CNA debe practicar el sistema de contralorías sociales y entre algunas de sus 14 funciones delegadas y más debe proponer políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir la corrupción; colaborar con las autoridades en el diseño de los mecanismos de seguimiento, evaluación y participar en su puesta en práctica; promover una cultura nacional contra la corrupción con todos los sectores de la sociedad, mediante campañas permanentes de sensibilización y concientización ciudadana; discutir y concertar acciones bilaterales conjuntas con los órganos

contralores, fiscalizadores y de justicia, definir metas de cumplimiento verificables y medibles en torno a las estrategias y planes de la acción anticorrupción.

El Consejo actuará por iniciativa propia (en la última administración como regla), por solicitud del Ministerio Público; por cualquiera de los presidentes de los Poderes del Estado, por medio de quienes canalizarán sus solicitudes los demás órganos de la administración pública (omisión plena en las instancias anteriores) y por solicitud de cualquier persona o entidad cuya existencia y buena reputación será previamente calificada por el Comité Ejecutivo.

La Asamblea elegirá por mayoría simple (la mitad más uno) a una persona para que funja como Coordinador/a para que represente legal y públicamente como portavoz, presida las sesiones, nombre comisiones entre otras funciones.

Con la coordinación actual se han presentado una serie de “líneas de investigación” en diferentes denuncias de corrupción a nivel estatal por parte de funcionarios públicos y de algunas personas próximas mal identificadas como tal, pero con asomos de eventual dolo en el manejo del erario. Recientemente ha hecho del conocimiento público la existencia de más “redes” (y no de internet) de corrupción y de supuestos promotores de las mismas (sin olvidar que la Carta Magna -no el “librito” del célebre personaje nacional- declara el principio de inocencia hasta no ser comprobado lo contrario). Con la acción anterior ha sobrepasado con creces la inactividad histórica pública y ministerial, al menos a nivel de denuncia y de exposición porque no tiene efecto vinculante ante las instancias que “persiguen” el delito y que curiosa y sintomáticamente en tiempo electoral, entran en “dormancia” para no afectar los intereses del partido que en los últimos años nos gobierna.

La reacción de las personas señaladas no se ha hechos esperar y como es la costumbre las inculpaciones y las exculpaciones se dirimen en los foros de los medios de comunicación convencionales y ahora, en las plataformas sociales virtuales, llegando por algunos sindicados a las descalificaciones que destapan los instintos más bajos producto de la falta de inteligencia emocional que nos sobrepasa como regla y no como excepción, similar a la novela organizada americana de los “stados”.

Entre tanto transcurre el asunto de las “redes” y de las “líneas” de investigación, en el mejor de los escenarios (donde el Ministerio Público investiga de verdad); vale recordar que en una entrevista la actual Coordinadora menciono que “La sociedad hondureña está cansada de los discursos y que ningún corrupto este pagando por sus acciones en la cárcel”.

Al parecer debemos seguir esperando que los “votos rurales” aparezcan en la escena para que además de “descubrir” lo presente, aparezcan las “terminales” que se benefician del asunto, pero también del inicio, que promueven el dolo y la vigencia del mismo y que lamentablemente no tienen ideología ¿?

Por lo pronto el CNA como instancia propia y la misión de acompañamiento como “ortesis” en el combate de la corrupción, no podrán representar una amenaza “mayor”, pero con la exposición pública de la denuncia, una vez más, la población general queda a la expectativa que la gestión del representante máximo de los intereses del pueblo y su equipo, salgan de la “inacción” histórica de la persecución del delito público y “despierten” para investigar, perseguir y castigar en caso que las denuncias primeras y las últimas sean corroboradas, aunque algunos sean sus parciales políticos.

Lo anterior será de repente el asomo de un signo vital que el país necesita que el alto funcionario eventualmente se quede o que al menos algunos “célebres” fraternales lo promuevan como mera aspiración.

De no identificar las “terminales”, los esfuerzos civiles y no nacionales serán apenas el cumplimiento del guion de siempre, donde los placebos no tienen ideología y entonces deberemos seguir esperando la panacea que nos libere de tan grandes males.

Del dicho “la ambición rompe el saco”, que tampoco tiene ideología.

Denis Fernando Gómez Rodríguez

25 de febrero de 2018