del acuerdo... ¿y del desacuerdo?

Por estas coordenadas geográficas tiempo después del último golpe de Estado al Ejecutivo perpetrado en junio de 2009 (definido así por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación) fue necesaria con la presión y el acompañamiento de la Comunidad Internacional, en su condición de “ortesis”, la firma del denominado “Acuerdo en Cartagena de Indias” para la Reconciliación Nacional (en su primera parte, porque al parecer y producto del colapso del sistema político electoral del 2017-18, será necesaria una segunda parte). Adicionalmente, se estableció la pretensión que el mismo permitiese en su escenario ideal (¿menos probable? confirmado por el tiempo) para la ansiada consolidación del sistema democrático como deuda pública de Estado que no tiene ideología.

Entre otros detalles el acuerdo reconoce la crisis política antes, durante y después del 28 de junio que derivó la polarización de la sociedad nacional, aunada con la ejemplar sanción de la Organización de Estados Americanos (que no dio el mismo trato a Paraguay) destacando la urgente y perentoria demanda por la reconciliación de las partes en conflicto, de la reparación (“sin “techo”) de los derechos plenos del ex gobernante violentado y de sus seguidores, hombres y mujeres, garantizando la seguridad personal del agraviado y sus parciales.

El documento reafirma la garantía de la participación política del ahora Partido Libertad y Refundación en condiciones de igualdad, una vez inscrito de acuerdo a la normativa interna electoral ante el órgano constitucional que rige la materia.

El Gobierno de entonces admite atender las denuncias de violación de derechos humanos, en coordinación con las organizaciones nacional con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para buscar soluciones a las mismas.

Entre los puntos del acuerdo, resaltar que el Gobierno tomaría sus acciones y decisiones en el estricto cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes secundarias.

Así como, el compromiso de garantizar al ex Gobernante, en su condición de agraviado, el retorno a la patria con el goce pleno de sus derechos en condiciones de libertad y seguridad, condición extensiva a sus seguidores “extrañados” del suelo patrio ¿de manera voluntaria o involuntaria?

Anular- “renunciar” por acuerdo político, a los procesos judiciales en contra en la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República (¿?)

Las partes en conflicto acordaron ¿vehementemente? de manera especial y particular el cumplimiento de la Constitución de la República (como placebo histórico que no tiene ideología) en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos y la reconfirmación para que la reforma del artículo 5 Constitucional fuese efectiva en la regulación de la convocatoria de los mecanismos de democracia directa (plebiscito y referendo, entre otros existentes, pero ausentes de la normativa nacional) y se cumplan irrestrictamente las disposiciones para tal efecto.

El acuerdo para la creación de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos (“descreada” del 2014 al 2018 y “recreada” a inicios de 2018) para fortalecer las capacidades de promoción y protección de los derechos humanos en Honduras, entre otros aspectos.

Del acuerdo, lo relacionado a que el nuevo partido político inscrito en el 2011, la interpretación para que integrará los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones (el oficialismo gobernante versus el interesado y violentado) , ha sido desde entonces el desacuerdo que mayor impacto negativo ha tenido en los procesos electorales del 2012, 2013 y 2017, hasta constituirse en el catalizador del colapso del sistema político electoral, por la denuncia sistemática y sistematizada de no contar con un representante en condición de Magistrado que vele por sus intereses “en igualdad de condiciones” (artículo 8 de la ley electoral vigente y altamente erosionada) por lo que algunos célebres denominan la “ambigüedad útil” ¿…?

A la fecha, día y hora de este comentario, el país se ve abocado en una crisis postelectoral que no da asomo alguno de voluntad política en resolverlo y con la reciente determinación de trasladarlo al Congreso Nacional, crecen las dudas, por el comportamiento histórico y reciente en el manejo de diálogos monoaurales que instrumentalizados no han superado la etiqueta de placebo.

La crisis política del 2009 (“construida” desde 1982), agravada en el 2018, requiere una vez más (9 años después) que pensemos en la frase aquella de la necesidad urgente de la reconciliación nacional (en su segunda parte) y en el placebo de siempre de fortalecer y consolidar el Estado democrático ¿electorero?... agotado y colapsado, por cierto.

Para reflexión final 

Otto Von Bismark: "Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería"

Denis Fernando Gómez Rodríguez

9 de marzo de 2018

En “diapausa” ocupacional no consultada