¿del poder electoral?

Por estas coordenadas geográficas se van cumpliendo con algunas “premoniciones” como la del diálogo, que un minoritario sector de opinión identificó como “mortinato” (nacer muerto en medicina pediátrica), considerando con los comportamiento históricos y sistematizados de las actuaciones políticas en esa materia.

En ese atasco, se mantienen el escenario de reformas políticas-electorales que cada uno de los partidos políticos originarios del conflicto y sus élites, con la suma de aquellos institutos que cogobiernan y han dejado su “identidad” e ideario a nivel de panfleto.

Las reformas políticas-electorales se dividen en aquellas de orden constitucional y en las de orden de ley electoral y de organizaciones políticas que desde el 2004 intenta rectorar la justicia y transparencia en la justa comicial. Las constitucionales requieren dos legislaturas consecutivas, para su aprobación e inmediata ratificación. Entonces los tiempos en el 2018, se agotan y se “presupuesta” como escenario “indeseable” que no exista compromiso político de las mayorías legislativas, para tales reformas.

Las reformas de la ley electoral pueden esperar apara el 2019, debido a que algunas de ellas deben ser producto de la constitucionales.

En el caso de las constitucionales los partidos políticos han delineado su “menú” a la carta y cada uno “pelea” por definir la ley ¿o la nueva ley electoral? a su medida. Una plataforma de organizaciones civiles aspira a colocar en la bandeja de los partidos su propuesta de reformas constitucionales y de la ley electoral, sumado a la propuesta de los expertos criollos que, además, fungieron como presidentes del organismo rector electoral, patrocinados por el poder legislativo y la versión actualizada del fracasado proyecto de ley para la participación política y electoral.

Días atrás ha llegado el auxilio internacional solicitado por el mismo Congreso Nacional ante el organismo Continental. La tarea de la delegación pasa por “conformar” una nueva ley electoral, en atención a las recomendaciones de la Misión en el 2017, sumando las propuestas que localmente se han identificado.

Mi comentario acerca de una reforma constitucional que responde a la baja calidad técnica del proceso como fue catalogado por el organismo Continental y a la necesidad ingente de tener procesos limpios, transparentes, auditables y creíbles en el cumplimiento de los indicadores que determinan las elecciones como auténticas y democráticas y cuya definición afirmativa o no, brilló por su ausencia en las misiones técnicas internacionales calificadas y por lo tanto “serias”.  Esta reforma es la del organismo electoral constitucional, su constitución, su competencia y su autoridad final en los asuntos de su competencia.

Que el organismo electoral sea la última instancia de administración y de justicia electoral, conlleva a la reforma de igual Constitucional para que la famosa sala de lo Constitucional y sus decisiones politizadas no tenga más injerencia en los asuntos de justicia comicial. Lo anterior no es fácil, pero no hacer la reforma será una manifestación de incongruencia entre lo que se dice a la prensa y lo que se hace.

Las propuestas varían desde dividir el organismo electoral en administración de procesos y justicia electoral; otros esgrimen crear un tribunal de justicia electoral dentro de la Corte Suprema de Justicia y así van y vienen propuesta. Este tema ha sido recurrente en los últimos 12 años y al no existir decisión política, “reaparece” con la novedad que no hacer nada en el tema y en el resto, será condenar la democracia electorera a un segundo y consecutivo colapso que derivará en una inmediata y consecutiva crisis de la cual eventualmente no podamos ni siquiera asomar el remedo de rehabilitación del sistema político electoral.

El país requiere un organismo electoral rehabilitado que independientemente de quién y cómo elija a sus altos funcionarios, los mismos deban su fidelidad y “sumisión” a la Constitución y de manera específica al cumplimiento de los 13 principios que rigen el sistema político electoral hondureño, no como excepción sino como regla.

El derecho comparado en materia electoral nos ilustra que el organismo puede convertirse en cuarto poder, alternativa que no debe descartarse, pero que nadie lo aborda como tal y, por lo tanto, está lejos que suceda.

Sin un organismo electoral rehabilitado en la mayor asepsia e inocuidad posible, de nada servirán que las mesas electorales sean conformadas por ciudadanos, que se tenga un censo nacional electoral depurado, sin olvidar que en el tema no existe la perfección, que existan distritos electorales y cualquier otra opción que el menú particular identifique.

Que la crisis postelectoral vigente nos obligué a que el siguiente proceso sea de alta calidad técnica, de confianza, credibilidad y escuchemos la máxima que cumplimos con elecciones auténticas y democráticas.

Que el proyecto de reformas político-electorales o una nueva ley electoral no cumpla con la categoría de ser otro “mortinato” nacional.

“Las reformas electorales deben ser creíbles para ser estables y deben ser estables para ser creíbles”. Máxima en materia electoral

Denis Fernando Gómez Rodríguez

28 de octubre de 2018

Lo estulto no tiene ideología, tampoco militancia