A propósito de reformas electorales

Artículo de opinión

A propósito de reformas electorales

“Las reformas electorales deben ser estables para ser creíbles y ser creíbles para ser estables” Kevin Casas/experto en asuntos electorales de la OEA

El tema de reformas electorales es recurrente en el país y la repitencia obedece al incumplimiento en las respuestas a las prácticas inconsistentes y viciadas o a los vacíos que la ley vigente contempla.

Con el próposito de generar espacios de discusión que coadyuven a los diálogos internos de los partidos políticos nacionales, las organizaciones de cooperación internacional: el Centro Carter, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Instituto Nacional Demócrata (NDI)  y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), con el acompañamiento nacional de Hagamos Democracia (HD), auspiciaron en marzo pasado, un seminario internacional sobre “Reformas electorales: “Visones plurales y comparadas para un debate democrático”.

En el evento participaron expertos electorales, hombres y mujeres, de amplio nivel académico y con reconocida experiencia democrática y electoral, quienes desde una perspectiva plural, presentaron diversos escenarios a través de los cuales, la democracia Latinoamérica transita, considerando las buenas prácticas internacionales y que contextualizadas a la realidad política y electoral nacional, actual, deben generar sinergias que consoliden la democracia.

En primera instancia, hago un resumen de las ponencias que los/as expertos/as electorales realizaron al identificar la existencia de diferentes “modelos de democracia” que la región latinoamericana experimenta, sus particularidades, sus oportunidades, sus amenazas; la dicotomía entre el fortalecimiento o debilitamiento de la institucionalidad, el papel de los institutos políticos en la democracia con partidos y su reto interno de fortalecimiento.

¿Cómo dinamizar, “revitalizar” u oxigenar el sistema democrático?. La interrogante busca dar respuestas inmediatas y oportunas, sin dejar de considerar la amenaza de una “democracia  con celofán democrático y corazón autoritario”.

Se identificó que el déficit de construcción de ciudadanía, es oportuno y necesario revertirlo como elemento imprescindible para fortalecer la  institucionalidad y consolidar la democracia. Esa construcción de ciudadanía que permita la transición a una plena democracia participativa con mecanismos de inclusión y que provoque a los partidos políticos, el reinventarse.

La crisis de representación política por parte de los partidos como “mal necesario” de la democracia, quienes requieren fortalecerse y ser más indulgentes en el combate a la corrupción.

A juicio del experto, se debe definir además, una nueva cultura política que rediseñe entre otros, el papel de los medios de comunicación, que hoy al informar, opinar, juzgar y condenar, vulneran le estabilidad y credibilidad partidaria y retrasan la funcionalidad del sistema. “Los partidos políticos deben establecer y estrechar vínculos con la sociedad que les permitan transitar de  meras “maquinarias electorales”  antidemocráticas a intermediarios válidos, vigentes y creíbles entre el Estado y la ciudadanía”, cito uno de los expertos.

Esa revitalización de la democracia, requiere acciones concretas que reduzcan la brecha en el tema de la compra de votos que vulnera en primera instancia los valores de la democracia y cuya coacción atenta directa y “arteramente” contra la garantía de guardar la secretividad del voto.

La región centroamericana debe desmitificar el referendo y el plebiscito como mecanismos de consulta de democracia directa.

Otra de las recomendaciones expuestas va orientada a que las reformas electorales deben vencer la opacidad, por ser ésta, antidemocrática, a través de la transparencia y el acceso a la información, en el cumplimiento estricto del derecho humano como esencial para el fortalecimiento democrático

A criterio de una experta que acompañó el proceso de elecciones generales 2013, “las reformas electorales deben promover elementos de confianza  con reglas claras, transparentes en los procedimiento de aplicación de justicia, de competitividad y de cómo dirimir  controversias”.

“Sin duda, los organismos electorales deben como buena práctica, controlar por completo el proceso de elecciones; lo contrario hace un caso inédito de excepción en la región” (en alusión a la administración electoral hondureña).

Adicionalmente, deben regularse las campañas electorales, estableciendo los mecanismos de financiamiento permanente directo e indirecto; a nivel público y privado, con “techos” de gasto y con la administración por parte de la autoridad electoral; brindando además, acceso gratuito a medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas.

En el evento internacional se expusieron temas relacionados con la evolución de las elecciones en Centroamérica; la evaluación de las elecciones generales del 2013; se revisaron las fortalezas y debilidades de los modelos de elección de autoridades electorales en la región; los mecanismos de elección de diputados y las recomendaciones para un reforma electoral exitosa.

Sin olvidar el análisis del renovado papel de la justicia electoral en los procesos comiciales y establecer la distinción entre lo jurídico y lo político; así como, valorar la importancia de contar con un órgano de justicia electoral, (independiente o dentro del órgano jurisdiccional) para el necesario respeto a los fallos y el cumplimiento irrestricto de la justicia electoral.

A nivel de conclusiones, se considera que en el caso particular de Honduras, por su nuevo mapa político, se requieren establecer “pactos” que permitan una reforma normativa que dinamize el sistema y que permita el tránsito con mayor fluidez hacía la democracia participativa.

Finalmente, se estableció que no hay una fórmula mágica en la temática de reformas electorales, pero el estudio comparativo de los éxitos o fracasos de los países del continente pueden resultar una herramienta valiosa para dar forma a las reformas requeridas.

En segunda instancia, las experiencias compartidas por los expertos/as del Continente por su consonancia con las necesidades de actualización que el sistema democrático hondureño tiene y que fueron identificadas por los cerca de 3,000 ciudadanos/as representando a diferentes grupos poblacionales, organizaciones política, civiles, gremiales y con la facilitación administrativa del Tribunal Supremo Electoral, en su condición constitucional de Rector de los actos y procedimiento electorales y su iniciativa de ley, no vinculante.

Las iniciativas anteriores se han plasmado en la propuesta de “Ley de participación política y electoral” que contiene cambios o reformas que sin ser la panacea, deben considerarse un norte en la próxima discusión en el Congreso Nacional y que de aprobarse las mismas, más aquellas “propuestas novedosas” producto de los comicios del 2012 y 2013, reduzcan las brechas que hoy, generan más preguntas que respuestas y más dudas que certezas.

La Ley de participación política y electoral, pretende fortalecer a los partidos políticos, promoviendo los principios de la democracia participativa y representativa a través de la formación y capacitación ciudadana, que genere una efectiva y consciente participación en los asuntos de interés colectivo, mediante consultas populares y procesos electorales.

Considera la construcción de ciudadanía con equidad de género, paridad, respeto a los derechos políticos de las personas con discapacidad, la promoción y  práctica de los valores democráticos, la valoración y promoción de la participación política y la inclusión de niños/as y jóvenes, de los pueblos indígenas y afrohondureños sin discriminación, entre otros principios.

Además, pretende fortalecer la cultura democrática para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos/as, a través de los partidos. Se proponen mecanismos más expeditos para los procesos de inscripción, de alianzas de partidos y de fusiones. De igual, la desinscripción de los mismos, de ser oportuna, pertinente y necesaria.

La iniciativa busca garantizar la independencia presupuestaria del TSE, en los años electorales y que no dependa de la venía o no del gobierno de turno. Se propone establecer un fondo de reserva para el fortalecimiento de la democracia que catalize y asegure el cumplimiento de la obligación constitucional del Estado y cuyo presupuesto se oriente, desde el TSE, en la formación, capacitación, organización y financiamiento de los partidos políticos; así como la reglamentación del financiamiento público y privado; en este último con los topes de regulación de aportaciones.

La nueva ley abarca la organización del Tribunal y sus atribuciones en su aspiración de constructor de ciudadanía, en su control de las organizaciones políticas , de las elecciones y las consultas populares.

Considera la creación del Instituto de formación y capacitación ciudadana, revisa y actualiza los instrumento y mecanismos para el ejercicio del sufragio; la administración electoral y de consulta; contempla la ciudadanización de la mesas electorales receptoras y los custodios electorales, entre otras figuras.

Contiene un capítulo de la actividad política permanente, la propaganda y publicidad, las encuestas, los sondeos y disposiciones comúnes a las elecciones primarias y generales.

Se define a nivel de los procesos electorales la integración de precandidatos y candidatos/as electos/as, los mecanismos de substitución, la divulgación de resultados preliminares y la declaratoria de elecciones.

Finalmente la propuesta de Ley de participación política y electoral, contiene un capítulo sobre Justicia electoral.

A criterio personal y bajo los último hechos jurídicos recién acontecidos en la temática, se hace estrictamente necesaria la revisión del actual estado de derecho en materia administrativa electoral que busque homologarse a los de Estados con notorios adelantos en la Materia como ser: México con sus organismos: Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; República Dominicana: Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral; Ecuador: Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral y Chile: El Servicio Electoral y Tribunal Calificador de Elecciones; por mencionar unos cuantos que nos parecen representativos y ejemplarizantes; o en el escenario más ideal y menos probable, constituir al Organismo Electoral en Poder del Estado, todo para encausar los procedimientos en las materia de competencias.

Sin duda y como epítome del tema, Honduras requiere de reformas creíbles para que sean estables y que al ser estables, sean creíbles, como ha sentenciado el experto electoral.

Abril de 2014