De la necesidad de la educación en democracia

El Sabio José Cecilio del Valle: “La educación es la primera necesidad del Estado” y que en pleno desarrollo del Siglo XXI, sigue siendo una ingente necesidad, la reducción de las brechas en la materia que requiere respuestas inmediatas, concretas y constantes.

Del pensamiento de Valle hago la acepción en el campo de la formación en democracia que requerimos los ciudadanos y ciudadanas de esta Nación, para continuar acciones de construcción y consolidación de la democracia que nos ocupa, con la participación de sus promotores y también de sus críticos con el fin de hacer el resumen o síntesis correcta como obedece en todo proceso dialéctico. Esta es una temática en la cual deben orientarse esfuerzos dedicados, comprometidos y permanentes que permitan avances altamente significativos.

Una de las máximas organizacionales es que lo único constante es el cambio

( con sus oportunidades  y amenazas) que provoca la necesaria actualización de políticas y de esfuerzos en gestión pública orientados a la promoción y formación en conocimientos, sentimientos y acciones prácticas que conforman el nuevo esquema de educación en democracia que pretende construir ciudadanía.

En Latinoamericano, son sintomáticos los escasos esfuerzos de las instancias gubernamentales en promover ciudadanía democrática y lamentablemente, las organizaciones civiles, en su condición de presuntos “catalizadores sociales”, no han sido, ni son ajenas a esta disfuncionalidad. Esta última, ha generado que organismos electorales (México, Costa Rica, Panamá; República Dominicana, Ecuador, Perú y recientemente Guatemala, entre otros) establezcan programas externos de formación, coordinados con las Secretarías de Educación Pública y paralelamente a nivel interno, actividades educativas y de formación de ciudadanía a través de instancias administrativas, en ocasiones llamadas institutos de capacitación cívica-política o de formación y estudios en democracia, para buscar congruencia y consecuencia con la máxima que indica que “las personas con mayor educación son quienes más apoyan la democracia”.

En el caso particular de Honduras, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente contempla un capítulo, con tres artículos, sobre la educación cívica electoral que deben ser revisados y actualizados bajo la óptica de la educación para la ciudadanía democrática. La propuesta del sociólogo Marshall identifica y desarrolla tres dimensiones:

La política que contiene los derechos políticos, la participación en la administración del poder en una comunidad determinada, sin olvidar la crisis de representación.

La civil, con el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de pensamiento y religión con un déficit en el respeto a la vida.

Y la social, que abarca los derechos económicos, sociales y culturales, sin soslayar la disfuncionalidad como Continente, de contar con los mayores niveles de desigualdad. Adicionalmente, los autores Cox, Jaramillo y Reimers (2005) han propuesto el tema como cambio de paradigma al tradicional de educación cívica.

La construcción de ciudadanía trasciende del mero ejercicio del voto y la participación, que busca la legitimidad de los procesos electorales, al del ejercicio pleno de derechos como SUJETOS y no “objetos”; quienes además, defienden estas libertades; reconocen el interés de la colectividad que conforman los diferentes grupos poblaciones de la Nación y se esfuerzan en la búsqueda del bienestar común en un marco de igualdad y respeto.

Honduras requiere actividades formales y no formales que  permitan combatir y vencer “cierta especie” de analfabetismo”, que a la sazón de los tiempos ha permitido y permite, producto de la falta de información y consecuente desconocimiento, la preservación de modelos de ejercicio del poder que no necesaria y obligatoriamente han respondido y responden a los intereses y beneficios de la colectividad nacional.

Considerando la iniciativa de ley, no vinculante, que tiene el Tribunal Supremo Electoral, presentó en agosto del 2011, al Congreso Nacional, la propuesta de una nueva Ley de participación política y electoral, donde entre otros temas propone la creación del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana para difundir y transmitir los fundamentos de la cultura democrática y de la educación cívica-política, que capacite a los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio pleno de su ciudadanía para la participación en la política de la nación, bajo los principios de paridad; respeto a la diversidad de ideas; protección de los derechos humanos; inclusión de los grupos poblacionales vulnerabilizados; respeto a las leyes y al estado de derecho; la promoción del diálogo y la tolerancia.

Es de esperar que antes que los actuales Magistrados del Tribunal Supremo Electoral vaquen en sus cargos, adelanten las acciones administrativas que permitan dejar las bases del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana y que las nuevas autoridades nombradas continúen modelando los esfuerzos que permitan vencer el “analfabetismo cívico-político” y ¿por qué no? … electoral. 

Finalmente, hago “eco” de un lema que un canal nacional tiene: “La educación te cambia la vida” con la esperanza que las acciones de formación en democracia beneficien y sean un adminículo en el fortalecimiento y la consolidación de la democracia participativa y plural en Honduras.

Tegucigalpa, M del D C, enero de 2014