¿fin de un ciclo...?
En
mercadotecnia existe el concepto de ciclo de vida de un producto. El mismo determina
el número de días, meses o años que un producto ha estado vigente hasta su
obsolescencia y consecuente salida del mercado. En una analogía al anterior,
considero que los hechos acaecidos en el sistema político electoral desde el
2004 al 2017 y en especial con el “colapso” postelectoral, marcan el fin de
ciclo del sistema político electoral. El mismo identificado por un columnista renombrado
como una acepción del interregno de Gramsci (lo viejo murió, pero no deja nacer
lo nuevo…parafraseado).
En el 2004 se promulgó la nueva
ley electoral y de organizaciones políticas vigente, donde se nombran tres Magistrados
propietarios y uno suplente. Desde entonces los partidos que no se sienten
“representados” han realizado esfuerzos por ser partícipes, al grado que después
del “golpe de estadal Ejecutivo” (CVR) y producto de los acuerdos de Cartagena existió
un “asomo” reciente de reforma constitucional discutido en la legislatura del
2016, pero no ratificada en la siguiente, como indica la norma. Sin
olvidar que la última elección de los rectores electorales en el 20148dos
reelectos y dos nuevos), se realizó por un Congreso Nacional que no debía, pero
pudo (como suele ser una máxima histórica) cuatro meses antes de la fecha para
tal evento, con la única finalidad de dos partidos políticos con votaciones mayoritarias
no tuviesen ´representantes”.
Lo
anterior, precipitó la inconformidad constante y queja sistemática por la “parcialidad
oficialista” del ente electoral, en menor intensidad durante el proceso
primario, y en mayor, durante el proceso general. La adición del partido centenario
opositor sumó dos tercios del “peso específico electoral”.
Las
inconformidades y denuncias fueron la agenda del día, entre otras razones por remedos
de diálogos legislativos, por la empresa de transmisión de datos por el Censo
Nacional Electoral; por reformas constitucionales judicializadas para evitar la
consulta directa o popular, por reformas como el algodón de azúcar y una última
que quedó como mera interpretación administrativa. En el caso de las reformas, sin
duda, fueron más “retrocesos” e involuciones, que avances.
La
ausencia de divulgación electoral oportuna, propicia y pertinente, generó incertidumbre
que ha durado el día, fecha y hora de estas líneas. La misma ha dejado el vacío
para que la “incontinencia bucal” del que preside y aspira, del que aspira y de
quien le promueve, genere crisis, caos, vandalismo y violación de derechos
humanos por la represión que no tiene ideología.
La
fase postelectoral lejos de esclarecerse, ha dejado una serie de dudas que
superan la escasa confianza y credibilidad que quedaba, al grado que hasta se
aspira a que árbitros internacionales diriman (no “dirriman” como menciona a la
saciedad un honorable) el conflicto que nos cobija desde siempre, pero que a
estas alturas nos desborda.
Los
eventos del 2017 hacen considerar que el sistema político electoral ya colapsó (de acuerdo al ciclo de vida del "producto") y hace notorio que los partidos políticos están obligados ¿? a realizar verdaderos cambios que sean
estables para que sean creíbles y sean creíbles para que sean estables en el obsoleto sistema político-electoral.
Un
escenario menos deseable pero probable, es que no suceda nada y entonces las
condiciones actuales harán que los futuros proyectados al 2022, sean más oscuros de los que
actualmente nos polarizan, confrontan y afectan como país; omitiendo que 2.5
millones de conciudadanos (incluyendo los ausentes del suelo patrio) no votaron
por ninguno de los interesados.
A
la espera que la crisis generada, “persuada” a los interesados directos e
indirectos a dialogar y resolver el conflicto sino de forma legal, de forma
política (¿cuasi-legal o ilegal?
Como
menciona John F Kennedy:
“Se puede ganar con la
mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”.
Denis Fernando Gómez
Rodríguez
13 de diciembre de 2017
Si a la protesta pacífica.
No al vandalismo, la
anarquía, la corrupción, la impunidad y la violación flagrante de los derechos
humanos
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