De la Misión de observación electoral de la Unión Europea y sus recomendaciones

La Unión Europea participó, por primera vez en las elecciones generales del 2013, con una misión de observación electoral de largo plazo. La misma se conformó con técnicos expertos en diferentes campos que presenciaron cada una de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.

Como resultado de estancia y trabajo en el país, plasmó en su informe final, una serie de recomendaciones para que los poderes del Estado, las autoridades electorales, los partidos políticos y las diferentes organizaciones de sociedad civil, realizarán cambios en el sistema electoral hondureño con el propósito de fortalecer el proceso comicial, en respuesta a las debilidades y amenazas restringentes del mismo.

En la administración electoral, las recomendaciones para fortalecer la confianza de los partidos políticos y de la opinión pública en general hacia la administración electoral, marca la necesaria despolitización del Tribunal Supremo Electoral.

Lo anterior, implica un cambio del patrón de conducta legislativo, al realizar los nombramientos de acuerdo a criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica; bajo un mecanismo inclusivo y responsable que incluya, el establecimiento de un comité de selección o postulación compuesto por una amplia gama de miembros de la sociedad civil que, tras un análisis de calificaciones y trayectoria profesional, propongan candidatos/as idóneos/as para su elección por mayoría calificada.

Similar al proceso de la elección de autoridades máximas, sería el de los funcionarios en los departamentos y municipios del país, bajo criterios de meritocracia y a través de un proceso público. Como ejemplo, la Misión, identifica el reclutamiento de custodios electorales, como un precedente positivo en la selección de administradores electorales neutrales.

El informe, considera como necesario que esa despolitización, llegue a las mesas electorales receptoras, para que los miembros (hombres y mujeres) no sean más, propuestos por los partidos políticos, pero en su defecto, los mismos, nombren representantes con funciones de supervisión, limitados a un representante por cada mesa electoral receptora de votos y clara y debidamente identificados.

En el sistema electoral, el informe de la Misión, propone que los escaños en las diputaciones al Congreso Nacional, mantengan el respeto al principio de igualdad del voto y que la Ley Electoral vigente, estipule una fórmula para la asignación de escaños por departamento e identifique como un mecanismo para actualizar las cifras de acuerdo con los datos más recientes de población o de votantes.

Del sufragio activo, la intención es subsanar la debilidad del sistema actual, que excluye a un gran número de ciudadanas y ciudadanos fuera del proceso. Para lograr mayor inclusividad, se debe considerar medidas para garantizar el voto de los discapacitados, de los hospitalizados, de los detenidos sin sentencia y de los estudiantes de las academias militares y de policía. Sin olvidar la reconsideración de modificar los preceptos constitucionales que no permiten el voto a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.

Las recomendaciones incluyen el padrón electoral y la cedulación, para asegurar un censo de votantes preciso y fiable. Lo anterior, considera la propuesta del Registro Nacional de las Personas, para realizar un nuevo censo desde cero o en su defecto, llevar a cabo una depuración y actualización profunda del existente, que subsane el porcentaje de subregistros de fallecidos en el censo y que los emigrantes se registren de nuevo si vuelven a residir en el país.

De igual, debe modernizarse el sistema de tarjetas de identidad, asegurando que las personas en edad, tengan una sola. Con la medida coadyuvante de erradicar la práctica de distribuir tarjetas a través de los partidos políticos. Un Registro Nacional de las Personas, modernizado y actualizado, servirá no solo para propósitos electorales, sino también, para el diseño e implementación de una amplia gama de políticas públicas.

En la temática técnica de la observación electoral, el Tribunal Supremo Electoral debe mantener la práctica del cumplimiento de los indicadores internacionales que fortalecen la transparencia comicial.

El informe de la Misión de Observación, establece que a nivel del manejo de quejas, impugnaciones, recursos y delitos electorales, el país, debe considerar la utilidad de desarrollar y divulgar un marco exhaustivo que asegure a los partidos políticos, la opinión pública general y las instituciones relevantes, dónde y cómo se pueden presentar reclamaciones desde el censo de votantes, la campaña, el proceso de votación y los procesos relativos a los resultados y el establecimiento de plazos para resolver las reclamaciones. De suma importancia que el Ministerio Público fortalezca la capacidad de investigación del Ministerio Público, de modo que la Fiscalía de delitos electorales investigue con celeridad y de forma imparcial e independiente.

 A nivel de los partidos partidos políticos, la Misión de observación, recomienda que en aras de la igualdad de oportunidades, se acuerden cambios legislativos que limiten la duración de la campaña electoral, fijen un límite al gasto, transparenten las fuentes de financiamiento y sancionen a los infractores de las normas en esta materia.

Para un control efectivo del gasto de los partidos, la recomendación indica que  el Tribunal Supremo Electoral, sea el único autorizado para contratar publicidad electoral. Cualquier violación de las normas de financiación de campaña o de las leyes en materia de transparencia de la información pública, habría de ser sancionada dentro de los límites de la campaña electoral.

Sobre los Medios de comunicación, la recomendación se orienta a la prohibición de la propaganda institucional del gobierno durante la campaña electoral, porque los partidos oficialistas se benefician indirectamente de una mayor visibilidad, que pagada con recursos públicos.

De igual, deben adoptarse criterios legales para asegurar que la publicidad institucional se reparta de modo equitativo y no discriminatorio entre los diferentes medios de comunicación y sería conveniente que el uso de las cadenas nacionales, se limiten a situaciones de emergencia o de interés nacional ¿…? al menos durante la campaña electoral.

En aras de un mayor equilibrio en el acceso a los medios, recomienda la introducción de medidas normativas que garanticen una cobertura equitativa del contenido informativo en los medios de comunicación electrónicos públicos y privados durante la campaña electoral. Con ese mismo fin, la Misión recomienda a los medios la adopción de estándares voluntarios que fomenten una cobertura equilibrada de las campañas.

Acerca de los pueblos indígenas y afrohondureños, para garantizar la participación política libre e informada, es recomendable que el Tribunal Supremo Electoral, traduzca la información electoral a las lenguas maternas de estas comunidades, para la comprensión pública del proceso, reconociendo así el carácter pluricultural y multilingüe de Honduras.

Acerca de la participación de la mujer, sería aconsejable considerar mecanismos que dotaran de mayor eficacia en la práctica a los porcentajes fijados en las cuotas. Asimismo, es recomendable que se potencien las campañas de educación al votante dirigidas a mujeres, especialmente rurales, indígenas, afrohondureñas, y jóvenes.

Para la Misión, el Tribunal Supremo Electoral, debe promover a un mayor número de mujeres a los niveles superiores de la administración electoral y que el Congreso Nacional introdujera criterios de equidad de género en la designación de los propios magistrados.

Sin duda, las recomendaciones y su aceptación, en caso de ser favorables las decisiones políticas, deben convertirse en reformas electorales que solucionen un problema y no deben entonces, responder a ningún interés coyuntural, de manera grupal y menos de interés particular.

De las recomendaciones de la Misión de observación electoral de la Unión Europea–que técnicamente no son obligaciones- se han considerado solamente las orientadas al financiamiento de partidos políticos y de campaña, las de inclusión electoral orientadas a la participación  de las personas con discapacidad y en una leve medida las de la participación de las mujeres del 40% al 50%. El resto de recomendaciones (mayoría) no han sido observadas a la fecha y quedan en suspenso y con visos de que no ocurrirán en el futuro inmediato, ni en el próximo; salvo que existan “motivaciones externas”, de última hora (que vengan desde los organismo de cooperación internacional) que las hagan realidad. ¿Será lo anterior posible? 

Denis Fernando Gómez Rodríguez

19 de noviembre de 2016