Para no olvidar: del compromiso de garantías mínimas del 2013

En noviembre del 2013, la oficina nacional de las Naciones Unidas, auspicio un acto denominado firma de compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia en las elecciones generales, que concito la voluntad de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas, los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República.

El compromiso de garantías mínimas… firmado por los actores y la actriz del momento electoral, consiste de siete apartados resumidos a continuación:

En las etapas preelectoral y electoral (cumplidos en menor o mayor grados), a nivel de los partidos políticos, se comprometieron a respetar la Constitución de la República, la Ley electoral y de las organizaciones políticas, en el marco de los principios que rigen el sistema electoral (artículo 2), para fortalecer el proceso y por ende el sistema democrático. De igual, se comprometieron a tener una campaña de altura, de respeto, entre otros; evitando el uso de los recursos públicos y aceptando las prohibiciones al uso de carros del estado, en actividades proselitas desde las instancias estatales.

El compromiso, enuncia el irrestricto apego a la ley electoral vigente, en relación al financiamiento y a la divulgación oportuna y consonante con lo requerido por la instancia de acceso a la información pública. Las mesas electorales receptoras conformadas por representantes idóneos, para garantizar transparencia, desde la entrega de credenciales, hasta la utilización de soluciones tecnológicas.   

Definir el sistema de denuncias e impugnaciones al proceso y que las mismas sean de acuerdo a lo estipulado en la ley, sin ventajas para ningún partido político en contienda, ni para ningún candidato/a en particular.

Por último, en este apartado, los candidatos y la candidata, se comprometieron a respetar y aceptar los resultados electorales.

A nivel del Tribunal Supremo Electoral, el compromiso describe: fortalecer la institucionalidad, para que actúe de manera independiente y autónoma, con reglas claras que promuevan transparencia en el manejo de los resultados y el respeto a la voluntad de las personas sufragantes. De igual, consensuar con los partidos políticos todos los procesos y procedimientos que conforman el sistema de administración y justicia electoral.

A nivel del Registro Nacional de las Personas, garantizar el correcto manejo en la entrega de las tarjetas de identidad, que de igual manera, fortalezca la transparencia del insumo primario del proceso electoral nacional.

Para los medios de comunicación, los esfuerzos se orientaron al respeto de la libertad de expresión,  promover la inclusión de cada uno de los partidos políticos en contienda y conceder desde la inversión privada y desde el estado mismo, espacios para que el ente rector electoral, los utilice en educación ciudadana y en otorgamiento de franjas a los institutos políticos (especialmente en los medios de comunicación estatales).

Los firmantes avalaron que el proceso comicial contará con se comprometieron con un programa de observación electoral, nacional e internacional,  que constatará la transparencia y cumplimiento de los indicadores democráticos de elecciones y por lo tanto, fueron las elecciones con mayor presencia de observación internacional, tanto de organizaciones internacionales dedicadas a la a la estricta materia técnica electoral de la misma, como de organizaciones de derechos humanos y de otra denominación que hicieron presencia independientemente de su ideología política.

En la etapa post-electoral, el gobernante actual, los candidatos y la candidata, se comprometieron a apoyar decididamente el proyecto de modernización tecnológica y de renovación de la tarjeta de identidad del 2011. Este acuerdo fue, hasta hoy, incumplido en su totalidad al grado que los procesos primarias y generales del 2017, se afrontarán con la tarjeta de identidad obsoleta y “reanimada” en su vigencia, por decreto constitucional como dicta la conducta legislativa, desde el primer vencimiento de la misma.

Otro compromiso no cumplido (en tiempo y forma), fue el de impulsar y apoyar, en el primer año de gobierno, una nueva legislación en materia electoral que responda a la realidad política de entonces.

Por lo pronto, la convocatoria al diálogo para las reformas electorales desde la presidencia del Congreso Nacional, ha dado (de acuerdo a la versión de su presidente) reformas electorales más de forma, que de fondo y ninguna que se identifique como una respuesta real y conciente a la problemática del sistema electoral hondureño en su conjunto.

El incumplimiento del cumplimiento de garantías mínimas… en los compromisos firmados para inmediatamente después de la justa comicial, son parte de la omisión histórica que refuerza: que ¡la anosognosia política (Gaspar Vallecillo)…y electoral, no tienen ideología !(agrego)

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Noviembre 10, de 2016

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