De donde no todo se debe, pero todo se puede

Por este territorio, se ha diseñado desde siempre existe un sistema de leyes que conforman el estado de derecho, construido de manera tal, que lamentablemente no han dado los resultados esperados, porque las élites políticas (centenarias y más allá y las ahora “clonadas” y autodenominadas “nuevas” (aunque son vino viejo, en odre nuevo), se han encargado y se encargan de repartirse las instituciones que deben vigilar el cumplimiento de las mismas, nombrando casi siempre, adláteres, cuya principal exigencia y función es cubrir cualquier acto delincuencial, con la omisión histórica del cumplimiento de la ley como modelo de gestión pública.

De todos los sectores poblacionales que ocupan este territorio, es sabido que aunque políticamente, no todo se debe, todo se puede. El país tiene una lucha permanente entre la legalidad y la ilegalidad, de manera que cuando ésta última no logra imponerse, se opta por la “cuasilegalidad”, en momentos con procedimientos burdos y en otros, con procedimientos “ajustados”, en apariencia, pero no en esencia al respeto del marco Constitucional.

Desde el retorno a la vida democrática, hemos sido testigos de los abusos y violaciones a la Constitución de la República, por parte de los diputados/as al Congreso Nacional, quiénes por sus funciones principales se convierten en los principales promotores; se suma a la lista los funcionarios del Estado, desde el presidente de la República y aquellos/as que asumen cargos de importancia, donde presentan juramento de respetar la Constitución de la República y las leyes.

Hemos visto, con cierta paciencia, como los diferentes partidos que han gobernado, sin excepción ideológica, han concesionado el país, han “vendido” el territorio y han trastocado las leyes fundamentales y secundarias, convirtiéndose en traidores a la patria, pero a la fecha, sin pena alguna, ni por el acto, ni por condena.

A la fecha, entre varios ejemplos: hemos contado con dos gobernantes, de nacionalidad extranjera; un gobernante (el actual) que fue diputado, pese a la inhabilitación del momento, la de dos ex presidentes del Congreso, inhabilitados para competir como aspirantes a la Presidencia de la República, unos de ellos, lo fue Constitucionalmente y el otro producto del último estado de excepcionalidad. En este orden, un designado presidencial inhabilitado por la ley para ser aspirante presidencial, utilizó la figura de “testaferro electoral”, como subterfugio;  mientras vencía la ilegalidad (esta figura cobra vigencia en la actualidad).

La lista suma, el golpe de Estado al Ejecutivo, como lo catalogó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación; la ampliación del período de la Rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la ampliación de mandato en las Fuerzas Armadas de Honduras (esta última, previa al golpe de Estado de junio de 2008); la destitución de los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, por juicio político (con acusaciones desde el Poder Ejecutivo que a la fecha, no han sido presentadas las pruebas del “delito”),

finalmente, el “fallo” de la Corte Suprema de Justicia, que a juicio del partido de gobierno autoriza, entre otros detalles, la reelección presidencial “irresistible” de manera inmediata e indefinida y con “dedicatoria” al actual mandatario ¿..?

Lo anterior, se considera un acto juzgado que prevé la presentación de dos planillas, de cuatro, por “consenso” desde el partido de gobierno, con la incorporación del actual mandatario (obediente y no beligerante), del llamado a la “reelección irresistible” por repetición y proclamación sistematizada y con visos de ser la moneda de cambio, con un “neo”-partido político para retribuir participación proporcional en la gestión pública en el Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional y el Tribunal Supremo Electoral.

La reelección presidencial como proyecto continuista, está a las puertas, con un escenario propicio para que las instituciones políticas en oposición o “cuasi”, se conformen con observar y aplaudir, haciendo simulacros de defensa del estado de derecho (o la simulación del mismo) con peticiones de intervención de las Fuerzas Armadas, de la Organización de Estados Americanos (carta democrática o MACCIH) o la Embajada Norteamericana, en todas, sin mayores escenarios favorables de lograrla.

De lo anteriormente descrito, ningún acto se debió hacer, pero se hizo, por lo cual, la sentencia inicial queda vigente, por acá, “no todo se debe, pero todo se puede”. En espera que un día la población despierte por completo y no acepte placebos y las tinieblas actuales se disipen por la luz de la legalidad y del respeto a las leyes.

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Noviembre 9 de 2016.