De la bancada del PINU y su voto razonado del dictamen de la Ley de financiamiento

Del voto particular de la bancada de diputados/as del PINU-SD ante la aprobación de la "Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos" en el Congreso Nacional.

El pasado miércoles de la semana que finaliza, la bancada del Partido socialdemócrata, manifestó publicamente su voto particular al dictamen que la Comisión de asuntos electorales presentó sobre la Ley de Financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos/as, con el acompañamiento-asesoría de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) de la OEA.

En el voto razonado o particular, la congresista Gutiérrez y el congresista Espinal, referencian la indignación del pueblo hondureño, por la corrupción e impunidad que han imperado en nuestro país, rebalsado con el latrocinio de los fondos del Instituto de Seguridad Social, que provocó la protesta ciudadana exigiendo justicia al investigar y deducir responsabilidades a quienes fueron autores intelectuales y materiales del mayor crimen que se tenga registro.

Entre otros detalles, manifiestan que la posición del PINU-Socialdemócrata, está de acuerdo con reformas electorales integrales, dentro de las cuales la Ley de Financiamiento es importante y reiteran el firme compromiso de contribuir eficazmente con esta Ley, como “veedores” del cumplimiento de esta Ley, esperando resultados concretos.

En otro apartado, indican que trabajarán incansablemente en crear  conciencia para pasar de las palabras a la acción positiva y constructiva, con sus expectativas por que Honduras,  debe dar un salto firme, sin retorno, de la oscuridad que representa la corrupción y la impunidad históricas, hacia la claridad de la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad y la ética en el servicio público, empresariado y político.

Por lo tanto, la diputado y el diputado socialdemócrata, recuerdan que su partido político exige desde el 2014, a la principal autoridad gubernamental, controlar la corrupción y parar la impunidad. Con la aplicación directa en la línea de acción, sobre el impacto directo en el financiamiento de partidos políticos y candidatos, sobre todo los que han gobernado. 

De igual, reclaman, se continúe con la investigación de los 13 casos emblemáticos a los que no se les ha dado el seguimiento respectivo desde el Congreso Nacional de la República.

En relación a la reforma política electoral, exigen, la investigacón de la destitución ilegal de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, efectuada por el Congreso anterior el 12 de diciembre de 2012, así como la “aberrante” sentencia de la Sala de lo Constitucional del 22 de abril de 2015, por considerarla nula, al violentar los preceptos constitucionales y atentar gravemente contra el orden constitucional y el orden democrático al pretender reformar los artículos intangibles o intocables, llamados pétreos.

La diputada Gutiérrez y el diputado Espinal, esbozan que previo a la aprobación de esta Ley, se deben derogar de inmediato, la "Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública", la “Ley de Canje Publicitario”, la "Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones", por promover diferentes y eventuales acciones que no privilegian la transparencia que el manejo del Estado, requiere.

Adicionalmente, en el PINU-SD reclaman reformas electorales integrales, incluyendo segunda vuelta electoral, voto electrónico y justicia electoral. De igual, exigen el cumplimiento del Compromiso de Garantías Mínimas para la Ética y la Transparencia Electoral, suscrito el 21 de agosto de 2013, rechazando que la MACCIH, acompañe la propuesta del gobierno de una aislada "Ley sobre financiamiento de la política y los partidos” que resultará ineficaz, si no se complementa con una reforma integral a la Ley electoral vigente.

“Conscientes de nuestra responsabilidad histórica, estamos emitiendo un Voto Particular considerando que estamos DE ACUERDO con el OBJETIVO de la Ley, con sus Principios Rectores, con los Sujetos Obligados, con una parte de los aspectos relacionados con el Financiamiento Público y Privado, con la Regulación de los Medios de Comunicación, con aspectos generales de los capítulos relativos a Transparencia y Rendición de Cuentas, y del Régimen de Sanciones. No obstante, nos MANIFESTAMOS EN CONTRA de: Primero: Que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización dependa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ser un ente altamente partidizado, y que no goza de la confianza y credibilidad de la ciudadanía debido a innumerables hechos relacionados con fraudes electorales e irrespeto a las leyes; Segundo: Estamos EN CONTRA que el mecanismo de designación del Comisionado de la Unidad no incluye una etapa previa que tome en cuenta las recomendaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y otras organizaciones de la Sociedad Civil y que siempre haya el riesgo que ese Comisionado sea nombrado en base a negociaciones oscuras de algunos partidos en el poder acostumbrados a manejar las cosas en base a sus intereses y no los del Pueblo hondureño; Tercero: Estamos EN CONTRA que el Estado aumente el financiamiento público para los partidos políticos tal y como lo presenta el Dictamen, considerando que sería una bofetada al pueblo hondureño que se asignara un presupuesto anual adicional a la Deuda Política, o que se aumente la asignación por voto de la Deuda Política, para ser repartido entre los partidos políticos en claro detrimento de apoyo a la salud, nutrición, educación, generación de empleo digno, apoyo a microempresarios y a favor de una verdadera seguridad; Cuarto: Estamos EN CONTRA de que en el Dictamen algunas infracciones no tienen previstas sanciones determinadas, ni siquiera de carácter administrativo, sobre todo en lo que se refiere a las aportaciones mayores al monto máximo establecido; la aceptación de contribuciones o aportaciones de determinados donantes; la prohibición de empleados o funcionarios que participen en procesos electorales y acciones de proselitismo, entre otros; Quinto: Finalmente, de cara a la implementación de esta Ley, estamos EN CONTRA de que no se haya definido en el Dictamen la vinculación directa con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la vinculación con el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Delitos Electorales y con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en cuanto a lo que sus funciones corresponde.”, concluye la exposición de los parlamentarios socialdemócratas.

Por lo pronto, y desde la óptica expuesta por los parlamentarios/as del PINU, la discusión de la Ley, deja las mismas interrogantes históricas de costumbre y no aleja del escenario posible, que exista la distribución partidaria de siempre y como novedad que la MACCIH, sea un “acompañante” internacional (o una comparsa como la han etiquetado dirigentes políticos de la oposición) más del contexto político y legislativo que nos gobierna bajo una “irradiante” discrecionalidad y una “eterna” omisión del cumplimiento de la ley que privilegian la corrupción y la impunidad.

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Octubre 14, de 2016