de las mesas electorales receptoras como una disfuncionalidad del sistema electoral
De las mesas electorales receptoras, como una
disfuncionalidad del sistema electoral
“Sin
duda, los organismos electorales deben como buena práctica, controlar por
completo el proceso de elecciones; lo contrario hace un caso inédito de
excepción en la región” externó una experta electoral que participó en una misión
de acompañamiento en las elecciones generales del 2013, en alusión a la
administración de la máxima autoridad electoral hondureña que comparte ese
organismo electoral con los partidos políticos legalmente inscritos que
participan en el proceso comicial como juez y parte.
Sin
duda, ese hito negativo a nivel Continental y probablemente, mundial como “excepcionalidad”,
que señala la experta electoral, se convierte en una “disfuncionalidad” que actúa
en sentido inadecuado o contraproducente para la actividad que se espera, en
este caso el manejo correcto en la administración del acto comicial y por ende,
la transparencia y la credibilidad del mismo.
La
Ley electoral y de organizaciones políticas vigente, en sus artículos 24 al 30,
define las mesas electorales receptoras, su integración, ubicación,
instalación, distribución de los cargos, incorporación y atribuciones de los
miembros y los centros de información. Los miembros propietarios y suplentes
son propuestos por cada uno de los partidos políticos y el Tribunal Supremo
Electoral, entregará las credenciales (sin nombre y apellido, menos fotografía)
25 días antes de la celebración de las elecciones. Esta alta discrecionalidad en
el manejo de un documento electoral ha dado pie a que los partidos políticos
participen en un mercado persa contextualizado, donde la compra-venta de
credenciales en blanco representa ganancias de representación ilegal en el
manejo de los documentos electorales y de los votos, para los que ejercen la
primera opción y para los que ostentan la segunda actividad, representa
ganancias metálicas, favores políticos y de última factura y eventualmente, hasta
representaciones diplomáticas ¿…?
El
proceso de elecciones primarias del 2012, fue el evento que finalmente “quito”
el supuesto velo (que tapaba el sol con un dedo) del trasiego y “caldo de
cultivo” del manoseo del proceso de votación por parte de los “representantes”,
hombres y mujeres, de los partidos políticos, que el día de la elección, placébicamente
se juramentan y fungen como funcionarios electores del organismo rector.
Las
elecciones del 2013, no fueron la excepción y los partidos con mayor caudal
financiero abarrotaron de manera fraudulenta las posiciones que los partidos
minoritarios no lograron cubrir, de manera programada algunos por efectos del
negocio y otros sin dejar de ser conscientes de sus carencias, su “ego” les
impidió” devolver antes del evento comicial ¿…?. En las mesas electorales se
contó con nueve suplentes y nueve propietarios, con la incertidumbre de si
todos/as eran de cuatro de los nueve partidos, eran de tres, de dos o
finalmente de uno, que finalmente se impuso en la justa. Los eventos del 2012 y
2013, fueron contraproducentes en lograr en la percepción pública que fuesen
procesos limpios, transparentes y creíbles.
El
Tribunal Supremo Electoral, desde el 2011, propugnó por una nueva ley y entre
sus temas, el de la ciudadanización de la mesa electoral receptora, propuesta
que llegó a la Secretaría del Congreso Nacional con sus respectivas copias y
probablemente, a la fecha que nos ocupa, estén bien guardadas en las cajas que
la contienen. Han sido diversas recomendaciones de las misiones de observación
internacional y de organizaciones civiles que se han pronunciado por la “despolitización”
actual, pero a nivel de los partidos políticos ese clamor, no se percibe por
los “tapa oídos” que portan los
diputados/as y los “dueños” de los partidos políticos que no desean “perder el
control de la mesa…”.
Un
sector de la sociedad civil preparó una propuesta de reformas electorales que quedo
inconclusa, por que el ente de cooperación internacional que financiaba la
misma, clausuró en julio las últimas etapas de la misma, por razones “estratégicas”
¿…?
Esa propuesta inconclusa, contempla que las mesas ciudadanas sean
conformadas por tres personas propietarias y sus suplentes en su condición de
ciudadanos/as, elegidos por el organismo electoral de un universo de personas
con condiciones mínimas como saber leer, escribir y no ser activistas
partidarios, identificados con una credencial que lleve nombres y apellidos y
por supuesto, fotografía, vigilados por las organizaciones civiles y la
cooperación internacional.
La
función que los partidos políticos asuman será la de fiscales del proceso (que
no manipulen ningún documento electoral, menos votos y actas) presentes en los
centros de votación como veedores, como en los países vecinos de El Salvador y
Guatemala, para citar ejemplos de la Región.
Por
lo pronto, a esperar que el diálogo para las reformas electorales convocada a
los partidos políticos desde la Presidencia del Congreso Nacional, termine la “matriz”
oficial y después de algunos avances en relación a temas no viables “per se”, ojalá
el mencionado proyecto de diálogo, no termine siendo “mortinato” (cuando los
niños/as nacen muertos) y tampoco sea como dicen en España, “más bulla que
nueces”.
No
hacer cambios al sistema actual, en las mesas electorales receptoras, como el
tema que nos ocupa, será favorecer la cultura
de la ilegalidad que no tiene ideología y será más difícil, que los procesos
de mayo y de noviembre del 2017, sean transparentes y creíbles.
Denis Fernando Gómez
Rodríguez
Octubre
10, de 2016
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