Las denuncias de fraude electoral no tienen ideología
Las denuncias de fraude electoral no
tienen ideología
En
el Continente Americano, es frecuente que cuando un candidato/a a cargo de elección
popular a nivel presidencial, no alcanza a sobreponerse con la mayoría
requerida a su contendor/a, es común, escuchar o leer acerca de las denuncias de
fraude (excepciones confirman la regla) que
transcurren en la etapa preelectoral, electoral y post-electoral,
independientemente que los mecanismos de votación sean automatizados, semiautomatizados o no.
Esas denuncias de fraude no tienen ideología, porque igual lo hacen los partidos y
sus candidatos/as de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores o de
cualquier otra tipología que se patente entre ambos extremos ideológicos.
Las
denuncias, en la mayoría de los casos, son solo argumentos, que al no
ser fundamentadas con pruebas irrefutables, se quedan en la mera protesta y se
convierten en un especie de “ficción” . En este caso particular, los organismos rectores
electorales juegan un papel crucial por sus responsabilidades en cumplir con el
debido proceso o en el escenario menos deseado, hacer omisión y coludirse en faltar
a la transparencia comicial como indicador internacional de elecciones.
En
el caso particular de Honduras, las elecciones primarias e internas y las
generales, se administran históricamente con una desconfianza al 100 po ciento y más. En
el sistema electoral, se identifica el fraude achacado a lo interno del Tribunal
Supremo Electoral y se hace omisión perniciosa de los factores y de los protagonistas externos que se constituyen en “promotores” de la manipulación del manejo de los fondos públicos, en el caso del partido gobernante del momento y por lo
pronto (salvo que la llamada Ley de política limpia lo conciba), sin la obligación de rendir cuentas del uso de la misma, sin quitar responsabilidad a las personas que ostentan cargos de elección popular independientemente de la ideología que representan.
De
igual, la manipulación de la emisión de las tarjetas de identidad
(documento de seguridad nacional y de trámite personal) por los partidos
políticos firmantes del “pacto de gobernabilidad vigente” (dos mayoritarios y
uno minoritario), que llegan al trasiego y al extremo de la retención delictiva de las mismas con
fines electorales; en este caso el resto de partidos políticos sin
representación en el Registro Nacional de las Personas, parten en “desventaja”
y quedan expuestos a la negociación o favores que alcancen con los “privilegiados”,
para la emisión del documento de identidad para sus parciales (a la fecha dos
representaciones políticas, “exigen” el derecho de tener representante en ese
ente registral).
Los
abusos mencionados son identificados dentro de la ley electoral actual, como
delitos electorales, pero la omisión del ente responsable de perseguir los
mismos, les hace ser meramente declarativos.
Otro
tema dentro del fraude electoral externo, son los traslados domiciliarios electorales (artículo 60 de la ley electoral), que
de igual manera, son patrocinados por los partidos políticos mayoritarios y con
mayor capacidad económica para movilizar “masas” de electores/as de una ubicación
geográfica a otra que legalmente no les corresponde, con el único fin de ganar elecciones. Este delito
electoral, que al ser discutido entre los intituciones responsables, se concluye
que es mejor no actuar o investigar, “so pena” que los/as activistas culpables del delito,
sean del candidato “X” o del candidato “Y”, del partido “A” o del partido “B” y
entonces, el final predecible: “hagamos
al menos las muecas o los mates, pero …” ¿...?
La
compra-venta de votos, de credenciales en blanco y otros subterfugios que no
tienen regulación alguna, que son obvios y por lo tanto, están a la vista y
paciencia del ente rector electoral (limitado políticamente en su derecho y en
su función) de los partidos políticos (unos actores protagónicos y el resto de
reparto) y de las organizaciones civiles que trabajan en democracia y
gobernabilidad.
Entre otros, temas, los anteriores, son parte de la “malla curricular” de la temática de denuncias de fraude electoral, que idealmente, en un futuro inmediato, no en el presente, porque aparte de lo que todos/as saben de la temática, nadie toma decisiones políticas que aspirena reducir la brecha de la ilegalidad del delito y el cumplimiento de la ley electoral.
Sin duda, en los próximo meses, lidiaremos con las malas costumbre históricas, salvo que producto del supuesto diálogo convocado desde el Congreso Nacional, los ganadores y lo no ganadores que pueden formar la mayoría calificada (dos tercios de 128 diputados/as, son 86) aborden a con seriedad y responsabilidad decisiones al respecto que trazen el camino para transitar de la incipiente democracia y sus procesos eleccionarios que nos ocupan, hacia una democracia más robusta que se fundamente en la transparencia, la legalidad y el respeto de las personas, como sujetos, que con su voto, se pronuncian mayoritariamente por quiénes quieren ser gobernados, sin importar su ideología.
Entre otros, temas, los anteriores, son parte de la “malla curricular” de la temática de denuncias de fraude electoral, que idealmente, en un futuro inmediato, no en el presente, porque aparte de lo que todos/as saben de la temática, nadie toma decisiones políticas que aspirena reducir la brecha de la ilegalidad del delito y el cumplimiento de la ley electoral.
Sin duda, en los próximo meses, lidiaremos con las malas costumbre históricas, salvo que producto del supuesto diálogo convocado desde el Congreso Nacional, los ganadores y lo no ganadores que pueden formar la mayoría calificada (dos tercios de 128 diputados/as, son 86) aborden a con seriedad y responsabilidad decisiones al respecto que trazen el camino para transitar de la incipiente democracia y sus procesos eleccionarios que nos ocupan, hacia una democracia más robusta que se fundamente en la transparencia, la legalidad y el respeto de las personas, como sujetos, que con su voto, se pronuncian mayoritariamente por quiénes quieren ser gobernados, sin importar su ideología.
A
nivel interno del Tribunal Supremo Electoral, las condiciones del país, desde
el 2009, han exigido y exigen que se tomen medidas propensas a la transparencia en el manejo
de los resultados y su transmisión (sino por convicción democrática al 100 por
ciento, por OBLIGACION) y no se pueden obviar los avances alcanzados, altamente significativos (como en
Estadística), que han reducido y reducen la brecha de la duda en el ente rector electoral; aunque no sean todavía y probablemete no lo sean, la panacea de la credibilidad.
Los
procesos que se avecinan en el 2017, requieren que el Tribunal Supremo Electoral, permitan y faciliten a los partidos políticos y sus movimientos internos, de igual a las
organizaciones civiles y a la comunidad
internacional para que auditen los procesos y sus
procedimientos en la fase preelectoral, electoral y post-electoral, en el intento político por revertir la desconfianza, en confianza y por lo tanto credibilidad de la gestión electoral.
Alcanzada la tarea y cumplido ese reto, por el organismo electoral, los partidos y los precandidatos/as o candidatos, de acuerdo a los comicios, que no ganen la justa, no tendrán motivos para que las eventuales denuncias de fraude electoral, pasen de la ficción y se conviertan en realidad.
Alcanzada la tarea y cumplido ese reto, por el organismo electoral, los partidos y los precandidatos/as o candidatos, de acuerdo a los comicios, que no ganen la justa, no tendrán motivos para que las eventuales denuncias de fraude electoral, pasen de la ficción y se conviertan en realidad.
Denis
Fernando Gómez Rodríguez
18
de octubre de 2016
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