De un proyecto inconcluso de reformas electorales

A propósito de elecciones:

De un proyecto inconcluso de reformas electorales desde las organizaciones civiles

Cada cuatro años de manera cíclica y repetitiva aparecen en la escena mediática temas de reformas electorales propuestas desde los partidos políticos, de sus diputados/as, desde organizaciones civiles y en ocasiones, como las sugerencias y observaciones del 2013, de las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA.

A inicios del año que nos ocupa, con apoyo de un organismo internacional de cooperación, organizaciones civiles agrupadas en el Grupo de Diálogo de Ciudadanía Activa, gestionaron un intento para articular una Coalición, con la participación de organizaciones del Consorcio “Hagamos Democracia” y del CESPAD, para desarrollar un proyecto de reformas electorales que contendría cuatro propuestas: 1. La despolitización del Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de fortalecerlo y profesionalizarlo. 2. La ciudadanización de las mesas electorales receptoras. 3. El control de los fondos de financiamiento de los partidos políticos y sus campañas y 4. Los delitos electorales.

En el tema del Tribunal Supremo Electoral, la idea es que los Magistrados/as se seleccionen de un proceso de autopostulación ante un comité de selección conformado por organizaciones civiles, entre otras y donde a través de audiencias públicas, se nombren hombres y mujeres por sus méritos profesionales y no por sus afiliaciones o proximidades políticas.

En el tema de la ciudadanización de las mesas electorales receptoras, la propuesta se encamina para que sean ciudadanos/as (no representantes, ni a recomendación de partidos políticos como actualmente lo establece el artículo 24 de la Ley Electoral), en un número de tres, con sus respectivos suplentes, los que atiendan la administración electoral. Todos seleccionados/as bajo criterios bien establecidos y por sorteo que asegure la mayor asepsia posible. Sumado a lo anterior, se señala la entrega de las credenciales con nombres completos y fotografía.

 En el tema del financiamiento de campaña se recomienda la reforma a la Ley electoral, no una Ley (esa es tarea de la MACCIH), donde se propone que la Unidad de Fiscalización (del modelo mexicano en el INE) se integre, en primera instancia y por la premura de tiempo, por la selección de personal a través de una comisión tripartita donde participe la MACCIH.

En el tema de delitos electorales, la idea es que el cátalogo de delitos electorales que contempla la discusión del nuevo Código Penal, se incorporé y actualice en la Ley Electoral vigente y producto de esa consolidación, se busque reducir la brecha en la omisión del cumplimiento de la Ley.

El esfuerzo de la propuesta no concluyó, en tiempo y forma, porque en la etapa de socialización en medios de comunicación televisiva, uno de los miembros del Grupo de Diálogo, externó su posición particular de la ilegalidad de la reelección presidencial y el organismo internacional (que en el 2009, hacía eco de la propuesta de la cuarta urna) consideró que no era oportuna la discusión y ponía en precario su apoyo al gobierno de turno y por lo tanto, lo canceló.

La propuesta de reformas electorales desde la iniciativa de organizaciones civiles quedó inconclusa, la misma buscaba ciudadanizar la propuesta, que se promueve desde la organización internacional pero que de manera incongruente y contradictoria, también se niega.

Denis Fernando Gómez Rodríguez

Septiembre de 2016