de los partidos de oposición y la ley de financiamiento...
A propósito de elecciones:
De los partidos de oposición y de la ley de financiamiento…
Con la propuesta de la nueva Ley, que derogará los artículos 81 al 87, de la actual Ley Electoral y de Organizaciones Políticas y bajo las novedades de crear una instancia administrativa denominada Unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, para el seguimiento de la observancia y cumplimiento de la misma.
Se pretende en el proyecto de decreto, que la Unidad sea dirigida por una persona, en condición similar a los Magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral, acompañado de dos Directores, uno contable y otro legal.
Lo anterior y considerando la proporción de tres funcionarios/as, ha generado que los partidos Libertad y Refundación y Anticorrupción, sus diputados/as, se pregunten en primera instancia, ¿cuál será el mecanismo de nombramiento de los funcionarios de la Unidad? ¿Los nombrarán los partidos de oposición o se distribuirán bajo el principio del “pacto de gobernabilidad” (partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana y otros afines desde el 2009) que rige los nombramientos de los altos funcionarios del Estado, hasta hoy?.
Adicionalmente, los dos mayores partidos de oposición condicionan su apoyo a la aprobación de la nueva Ley de financiamiento, con la aprobación de reformas electorales como la segunda vuelta presidencial, la ciudadanización de la mesa electoral receptora, entre otras.
Bajo las manifestaciones verbales de los/as representantes políticas, no se avizora la confianza necesaria para que la selección y nombramiento de estas autoridades, se realice bajo experiencias comparadas exitosas en otros países como concursos públicos que privilegien la meritocracia, que reduzca de manera “altamente significativa” la discrecionalidad, la omisión del seguimiento en la observancia y cumplimiento de la ley con legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, la rendición de cuentas y transparencia, como principios rectores de la misma.
La semana entrante será crucial para que el Congreso Nacional de la República discute y apruebe la ley de financiamiento, de acuerdo a los requerimientos de la MACCIH, producto de los compromisos acordados con el gobierno, previos a su instalación en el país.
Por lo pronto, el escollo a sobrepasar es que el patrón de conducta de los históricos procedimientos legislativos, cambie y sacrifique el beneficio partidario, personal o grupal y sin ser un placebo más, busque el beneficio del país de manera inclusiva y plural, como muestras de una democracia que madura.
¡La corrupción y la impunidad, no tiene ideología!
Denis Fernando Gómez Rodríguez
Septiembre 2016
De los partidos de oposición y de la ley de financiamiento…
Con la propuesta de la nueva Ley, que derogará los artículos 81 al 87, de la actual Ley Electoral y de Organizaciones Políticas y bajo las novedades de crear una instancia administrativa denominada Unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, para el seguimiento de la observancia y cumplimiento de la misma.
Se pretende en el proyecto de decreto, que la Unidad sea dirigida por una persona, en condición similar a los Magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral, acompañado de dos Directores, uno contable y otro legal.
Lo anterior y considerando la proporción de tres funcionarios/as, ha generado que los partidos Libertad y Refundación y Anticorrupción, sus diputados/as, se pregunten en primera instancia, ¿cuál será el mecanismo de nombramiento de los funcionarios de la Unidad? ¿Los nombrarán los partidos de oposición o se distribuirán bajo el principio del “pacto de gobernabilidad” (partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana y otros afines desde el 2009) que rige los nombramientos de los altos funcionarios del Estado, hasta hoy?.
Adicionalmente, los dos mayores partidos de oposición condicionan su apoyo a la aprobación de la nueva Ley de financiamiento, con la aprobación de reformas electorales como la segunda vuelta presidencial, la ciudadanización de la mesa electoral receptora, entre otras.
Bajo las manifestaciones verbales de los/as representantes políticas, no se avizora la confianza necesaria para que la selección y nombramiento de estas autoridades, se realice bajo experiencias comparadas exitosas en otros países como concursos públicos que privilegien la meritocracia, que reduzca de manera “altamente significativa” la discrecionalidad, la omisión del seguimiento en la observancia y cumplimiento de la ley con legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, la rendición de cuentas y transparencia, como principios rectores de la misma.
La semana entrante será crucial para que el Congreso Nacional de la República discute y apruebe la ley de financiamiento, de acuerdo a los requerimientos de la MACCIH, producto de los compromisos acordados con el gobierno, previos a su instalación en el país.
Por lo pronto, el escollo a sobrepasar es que el patrón de conducta de los históricos procedimientos legislativos, cambie y sacrifique el beneficio partidario, personal o grupal y sin ser un placebo más, busque el beneficio del país de manera inclusiva y plural, como muestras de una democracia que madura.
¡La corrupción y la impunidad, no tiene ideología!
Denis Fernando Gómez Rodríguez
Septiembre 2016
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